Por: Victoriano Martínez.
Este jueves se presentará ante el Congreso del Estado una iniciativa que busca crear la Ley de Participación Ciudadana en la que se incluyen, entre otras, las figuras de “presupuesto participativo” y “revocación de mandato”, con un claro menosprecio hacia la ciudadanía.
En el caso del presupuesto participativo, el artículo señala que se trata del mecanismo “a través del cual los habitantes decidirán el destino de un porcentaje que sea equivalente por lo menos al 15% del presupuesto destinado a inversión pública en el Presupuesto de Egresos del Ejecutivo del Estado de cada ejercicio fiscal”
Tras dejar el 85 por ciento de las decisiones sobre las obras que la ciudadanía requiere en manos de los burócratas, la disposición agrega que “en las consultas podrán participar todos los habitantes de cada una de las regiones”.
Para el caso de la revocación de mandato, el artículo 19 establece que “es el mecanismo de participación ciudadana directa a través del cual, los ciudadanos de un municipio, de un distrito o del Estado, pueden decidir la destitución de quienes ocupan el cargo de Gobernador, Diputados y Presidentes Municipales, antes de concluir su mandato”.
Agrega que la revocación de mandato se dará “mediante comicios especiales, sin necesidad de agotar la instancia de juicio político, y en los que no alcanzará la protección de procedencia o fuero constitucional”.
No obstante, en el artículo 20 establece los requisitos para que la ciudadanía pueda solicitar la aplicación de ese mecanismo, cuya petición debe ir acompañada de tantas firmas de ciudadanos que en los hechos la revocación de mandato se vuelve prácticamente imposible.
Por ejemplo, para solicitar la revocación de mandato del actual gobernador del estado, en este momento se requiere que la solicitud vaya acompañada de 522 mil 435 firmas o huella digitales acompañadas de copias de las credenciales de elector de quienes apoyen la moción.
El caso que resulta hasta tal grado extremo, que raya en lo ridículo, es que para solicitar la revocación de mandato de cualquiera de los diputados plurinominales se necesita que 511 mil 415 personas firmen o estampen su huella digital en la solicitud y se acompañen copias de las credenciales de elector.
La iniciativa fue presentada por los diputados Lucila Nava Piña, María Graciela Gaitán Díaz, Héctor Mendizábal Pérez, José Belmares Herrera, Manuel Barrera Guillén, Jesús Cardona Mireles y Guillermina Morquecho Pazzi, y el consejero electoral José Martin Fernando Faz Mora.
En la exposición de motivos justifican el requerimiento de firmas ciudadanas en las solicitudes de revocación de mandato con el argumento de que “para evitar que este mecanismo pueda convertirse en un instrumento injustificado, se propone porcentajes que en forma general corresponden a los que en su momento los llevaron a resultar ganadores de una elección o bien ser designados bajo el principio de representación proporcional”.
De acuerdo a los requisitos del artículo 20 de la iniciativa, la protección al mecanismo lo hizo pasar de evitar ser injustificado a convertirse en prácticamente imposible.
