Por: Antonio González Vázquez.
Habida cuenta de que las áreas de inspección de los ayuntamientos de caracterizan por su proclividad a la corrupción mediante la reconocida “mordida”, se ha propuesto obligar a los ayuntamientos a hacer pública toda la información relacionada a los inspectores municipales para que la sociedad los pueda identificar cuando se presenta un abuso o acto de corrupción.
Se ha identificado como áreas proclives a la corrupción a Comercio, Protección Civil, Ecología y Obras Públicas de los ayuntamientos. La idea es que todos los datos relativos a los inspectores se publiquen como información de oficio en los portales electrónicos de los ayuntamientos.
Josefina Salazar Báez, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso del Estado presenta una iniciativa de ley en ese sentido por lo que propone reformas a la fracción VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado.
La legisladora del Partido Acción Nacional presenta dicha iniciativa “con la finalidad de establecer a los ayuntamientos potosinos la obligación de publicar como información de oficio la relativa a su listado de inspectores, sus giros y áreas de adscripción, sus horarios de servicio y su fotografía para transparentar su función e inhibir la corrupción”.
Precisa que el Índice de Herramientas Electrónicas de Gobiernos Locales realizado por el Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), y levantado en enero de 2015, en el que se analizó a 53 gobiernos municipales de la república mexicana, respecto de sus prácticas de inspección y supervisión, se concluyó que solo 3 publican el listado de inspectores acreditados para realizar visitas de verificación, y sólo 2 tienen información sobre el resultado de las inspecciones administrativas que realizaron a establecimientos mercantiles.
Esta discrecionalidad para llevar a cabo las inspecciones es una caja negra que impide tener certeza sobre quiénes llevan a cabo estos procedimientos, dónde y en qué horarios están autorizados para llevarlos a cabo o cómo se garantiza su actuación apegada a derecho. Ahí está la fuente de tragedias que cuando ocurren revelan a posteriori la existencia de anomalías de las que nadie se percató o en su defecto que aún conociéndolas se omitió aplicarles la normatividad y sanciones que las corrigieran.
La información acerca de las inspecciones en nuestro país es escasa por lo que los dueños de negocios consideran que muchas de las prácticas relacionadas con estas actividades suelen ser opacas y suelen ser el origen de prácticas de corrupción y quebrantamiento de las leyes.
Una forma eficaz para reducir esta situación es transparentar y exponer al escrutinio público las funciones de inspección que realizan los ayuntamientos de forma tal que cuando una empresa vaya a ser objeto de verificación, tenga la certeza de que esta siendo realizada por un funcionario público autorizado y acreditado legalmente para hacerlo.
