Fernanda Durán
La diputada María Leticia Vázquez Hernández, del Partido Verde y Partido del Trabajo, presentó una iniciativa de reforma a la Ley Electoral del Estado para modificar la duración de las campañas y establecer un periodo uniforme de 45 días para todos los cargos de elección popular en San Luis Potosí.
El proyecto reforma específicamente los artículos 337 y 338 de la Ley Electoral del Estado, estableciendo que todas las campañas “tendrán una duración de cuarenta y cinco días”; actualmente, la legislación local contempla una duración diferenciada: 60 días para la gubernatura y 40 días para diputaciones y ayuntamientos.
La propuesta plantea eliminar esta distinción y fijar un solo periodo, lo que implicaría reducir 15 días en la elección de gubernatura y ampliar cinco días en los cargos locales.
De acuerdo con la exposición de motivos, el esquema actual “puede generar complejidad en la comprensión ciudadana del proceso electoral”, así como “asimetrías en la exposición pública de las candidaturas”.
La iniciativa sostiene que la eficacia de las campañas no depende únicamente de su duración, sino de que el tiempo sea “suficiente, proporcional y funcional”, por lo que la homologación a 45 días se plantea como un punto intermedio que busca equilibrar el modelo vigente.
En términos operativos, el cambio no modifica aspectos como financiamiento, fiscalización o topes de gasto, sino que se limita a redefinir el periodo en el que se desarrollan las campañas.
La reforma también ajusta los tiempos para la realización de debates, estableciendo que deberán organizarse dentro del mismo periodo de 45 días tanto para la gubernatura como para diputaciones, eliminando la diferencia actual entre procesos.
Además, mantiene disposiciones sobre encuestas, propaganda y veda electoral, sin introducir cambios en esos rubros, lo que concentra la modificación exclusivamente en la duración de las campañas.
El documento plantea que la homologación busca fortalecer la equidad en la contienda, al establecer condiciones más simétricas entre candidaturas, así como una deliberación pública más ordenada.
También se argumenta que el ajuste responde a criterios de eficiencia y racionalidad del gasto electoral, bajo la lógica de que los periodos deben ser suficientes sin extenderse más allá de lo necesario.
La iniciativa fue turnada la comisión de régimen interno y asuntos electorales para su análisis.
