Fernanda Durán
El Congreso del Estado recibirá el próximo 10 de marzo una iniciativa de reforma al artículo 2282 del Código Civil para establecer un límite al incremento anual de las rentas de vivienda, el cual no podría superar la inflación reportada por el Banco de México en el año inmediato anterior.
La propuesta fue presentada por los diputados Héctor Serrano Cortés, Jacquelinn Jauregui Mendoza y César Arturo Lara Rocha, pertenecientes a los grupos parlamentarios del Partido Verde Ecologista de México y del Partido del Trabajo.
De acuerdo con el documento, el objetivo de la reforma es establecer un parámetro objetivo para evitar aumentos desproporcionados en el precio de los arrendamientos destinados a vivienda, al considerar que el acceso a la renta se ha convertido en una de las principales vías para que miles de personas puedan habitar en las ciudades.
En la exposición de motivos se señala que en los últimos años el incremento sostenido en los precios de la vivienda y la presión del mercado inmobiliario han provocado que el costo de las rentas aumente de manera significativa en diversas ciudades del país, lo que genera incertidumbre económica para las personas arrendatarias y afecta la estabilidad de los hogares.
El documento advierte que esta situación se ha vuelto particularmente visible en San Luis Potosí debido al dinamismo económico que ha experimentado la entidad, impulsado principalmente por sectores como el automotriz, manufacturero y logístico. Este crecimiento ha atraído a trabajadores, profesionistas y estudiantes que buscan establecerse en la capital y su zona metropolitana, lo que ha incrementado la presión sobre el mercado de vivienda, especialmente en el segmento de arrendamiento.
Ante este escenario, los legisladores proponen modificar el artículo 2282 del Código Civil del Estado para establecer que la renta pactada en contratos de arrendamiento de vivienda solo podrá aumentarse una vez al año y no podrá ser mayor a la inflación promedio reportada por el Banco de México.
La iniciativa también contempla que las personas arrendatarias puedan solicitar ante un juez la disminución del precio del arrendamiento cuando, después de un año de contrato, se demuestre que las rentas en la zona registran una baja. En ese caso, el juez podría regular el monto del arrendamiento tomando en cuenta las circunstancias particulares del caso.
Los promoventes señalan que medidas similares ya han sido adoptadas en otras entidades del país. Como ejemplo, mencionan la reciente reforma al Código Civil de la Ciudad de México que establece que el incremento anual de las rentas no podrá ser mayor a la inflación, con el propósito de evitar aumentos desproporcionados.
La iniciativa sostiene que la propuesta no busca intervenir de manera excesiva en el mercado inmobiliario ni limitar la libertad contractual entre las partes, sino establecer un mecanismo que permita mayor certidumbre y equilibrio entre arrendadores y arrendatarios.
El planteamiento legislativo surge en un contexto en el que el Congreso local ya había discutido recientemente el tema del encarecimiento de la vivienda. Hace dos semanas fue retirado del orden del día un dictamen relacionado con el fenómeno de la gentrificación, en cuya exposición se señalaba que San Luis Potosí registró un incremento de 9 por ciento en el valor de la vivienda, por encima del promedio nacional de 8.2 por ciento, de acuerdo con el Índice SHF de Precios de la Vivienda de la Sociedad Hipotecaria Federal.
En ese mismo análisis se destacaba que la tendencia también se observa en la zona metropolitana, donde Soledad de Graciano Sánchez reportó un aumento de 9.2 por ciento y el municipio de San Luis Potosí de 8.9 por ciento, ambos por encima de la media nacional.
El dictamen propone reformar diversas disposiciones de la Ley de Ordenamiento Territorial y Desarrollo Urbano y de la Ley sobre el Régimen de Propiedad en Condominio con el fin de reconocer en el marco jurídico los conceptos de “gentrificación” y “vivienda asequible”, además de abrir la puerta a que los condominios limiten o prohíban el alojamiento temporal o turístico (tipo Airbnb) cuando así lo establezcan sus reglamentos internos.
Aunque no fue discutido por el Pleno, los datos expuestos evidenciaron la presión que enfrenta el mercado de vivienda en la entidad, un contexto que ahora vuelve a colocarse en el debate legislativo con la propuesta de regular los incrementos en las rentas de vivienda.
La iniciativa será turnada a comisiones para su análisis y eventual dictaminación.
