Fernanda Durán
El diputado Carlos Artemio Arreola Mallol, del grupo parlamentario de Morena, presentó una iniciativa en diputación permanente con el objetivo de que el delito de extorsión en San Luis Potosí sea perseguido de oficio, con una adición al artículo 231 BIS al Código Penal del Estado para establecer que las conductas tipificadas en el capítulo de extorsión no dependan de la denuncia de la víctima para iniciar una investigación.
De acuerdo con lo expuesto por el legislador, su propuesta se enmarca en la Estrategia Nacional Contra la Extorsión, anunciada el 6 de julio de 2025 por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y coordinada por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina y la Fiscalía General de la República, la cual busca combatir un delito que, según datos del INEGI, afectó al 12.6 por ciento de los hogares del país en el primer semestre de 2025, colocándolo como el ilícito más frecuente a nivel doméstico, por encima del fraude o el robo parcial de vehículo.
Arreola señaló que la extorsión genera pérdidas económicas significativas y profundiza la desigualdad social, ya que datos del INEGI estiman que en 2023 provocó daños por 31 mil millones de pesos, equivalentes al 0.5 por ciento del PIB, mientras que el Coneval documenta que las familias afectadas destinan hasta el 15 por ciento de su ingreso mensual a “pagos de protección”.
El diputado planteó que San Luis Potosí debe incorporarse a las acciones nacionales para combatir la extorsión y sus distintas modalidades, mediante el uso de herramientas de investigación efectivas y bajo un esquema de coordinación entre secretarías y niveles de gobierno, con el fin de articular de manera eficiente los recursos estatales y lograr la disminución de este delito.
La iniciativa también retoma recomendaciones internacionales como las de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito (UNODC), que sugieren investigar de oficio delitos en los que el agresor utilice la falta de denuncia como mecanismo de control sobre la víctima. Por ello, el legislador argumentó que esta medida podría reducir la impunidad, desarticular redes delictivas y disminuir la reincidencia.
Actualmente, el Código Penal de San Luis Potosí establece penas de cuatro a diez años de prisión y multas de 400 a mil Unidades de Medida y Actualización (UMA) por extorsión, con agravantes que pueden aumentar la sanción hasta en la mitad, según las circunstancias.
La adición propuesta no modifica las penas vigentes, pero sí cambia el procedimiento para que las autoridades actúen sin necesidad de querella.
De aprobarse, el nuevo artículo 231 BIS establecería que “los delitos previstos en el presente Capítulo serán perseguidos de oficio”; mientras tanto la iniciativa fue turnada a la Comisión Primera de Justicia para su análisis en próximas reuniones.
