Fernanda Durán
Mientras la Comisión de Transparencia en el Congreso del Estado recibe la iniciativa del diputado Carlos Arreola Mallol para extinguir a la Comisión Estatal de Garantía de Acceso a la Información Pública (CEGAIP), este mismo día la diputada Diana Ruelas Gaitán, del Partido del Trabajo, presentó una segunda iniciativa de reforma constitucional que plantea la desaparición y la creación de un nuevo organismo público desconcentrado dependiente del Poder Ejecutivo, para asumir sus funciones como autoridad garante en materia de transparencia y protección de datos personales.
La propuesta de la diputada reforma los artículos 17 y 31 de la Constitución Política del Estado de San Luis Potosí, con el objetivo de armonizar el marco jurídico local con la reforma federal publicada el 20 de diciembre de 2024, que extingue el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (INAI) como parte de un proceso de “simplificación orgánica”.
Según la exposición de motivos, el cambio busca eliminar duplicidades institucionales y fomentar una gestión pública más eficiente, bajo los principios de austeridad republicana, rendición de cuentas y gobierno abierto.
En ese marco se propone que el nuevo organismo desconcentrado cuente con autonomía técnica y operativa, aunque esté adscrito al Poder Ejecutivo estatal.
Además del Ejecutivo, la iniciativa establece que los poderes Legislativo y Judicial, así como los organismos constitucionales autónomos, serán responsables de garantizar estos derechos a través de sus órganos internos de control.
También se asignan facultades específicas en la materia al Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), al Tribunal Estatal de Conciliación y Arbitraje (TECA), y al Centro de Conciliación Laboral del Estado, según la naturaleza de los sujetos obligados (partidos políticos o sindicatos).
La CEGAIP quedaría formalmente extinta una vez que se emita la legislación secundaria correspondiente, para lo cual el Congreso del Estado dispondría de un plazo de 90 días tras la entrada en vigor del decreto.
Mientras tanto, la CEGAIP operará de manera transitoria y sus actos conservarán validez legal. Sin embargo, los comisionados actuales cesarán en sus funciones una vez que entre en vigor la nueva legislación, salvo aquellos cuyo periodo concluya antes.
El texto transitorio también establece que los recursos humanos, materiales y jurídicos del organismo extinto serán transferidos al nuevo ente desconcentrado, y garantiza que los derechos laborales del personal serán respetados conforme a la normatividad vigente.
Por ahora, la propuesta de la diputada Ruelas deberá seguir el proceso legislativo correspondiente en las comisiones de Puntos Constitucionales, Régimen Interno y Asuntos Electorales, Transparencia y Acceso a la Información Pública, y Gobernación, antes de ser sometida a votación del Pleno.
