Fernanda Durán
El diputado Marco Antonio Gama Basarte de Movimiento Ciudadano presentó una iniciativa para reformar la Ley de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, con el objetivo de ampliar el principio de suplencia en la presentación de quejas por violaciones a derechos humanos, especialmente para personas que enfrentan barreras de acceso como niñas, niños, personas que no saben leer ni escribir, hablantes de lenguas indígenas y personas con discapacidad auditiva.
La propuesta consiste en adicionar un segundo párrafo al artículo 14 de la ley vigente, de manera que se reconozca expresamente la posibilidad de presentar quejas de manera oral y con el acompañamiento de intérpretes.
El legislador argumenta que si bien el artículo ya reconoce el principio pro homine, no establece de manera puntual los mecanismos de apoyo para las personas en condiciones de mayor vulnerabilidad.
“En el caso de que los solicitantes sean menores de edad, o personas adultas que no puedan leer o escribir, las quejas podrán presentarse de manera oral, para lo cual aplicará el criterio de suplencia”, señala la redacción propuesta.
Además, establece que la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) deberá proporcionar intérpretes en lenguas indígenas para quienes no hablen español, así como intérpretes en lengua de señas mexicanas para personas con discapacidad auditiva .
De acuerdo con el diputado Gama, esta adición busca dar claridad sobre la forma en que debe aplicarse el principio de suplencia en contextos donde las condiciones personales del quejoso representen una barrera estructural.
“Se debe de subrayar la necesidad de la aplicación de dicho criterio en la queja debido a que, por ejemplo, las personas que enfrentan algún tipo de vulnerabilidad, por sus condiciones, están mayormente expuestos a sufrir transgresiones en lo que se refiere a sus garantías fundamentales”.
Además, para evitar problemas de financiamiento, la propuesta incluye un artículo transitorio que establece que la reforma entraría en vigor hasta el próximo ejercicio fiscal, con el fin de asegurar la disponibilidad presupuestal para contratar a los intérpretes o peritos necesarios.
Reforma es un avance, pero falta institucionalizarla
Consultada sobre el contenido de la iniciativa, la maestra Roxana Villaseñor, especialista en derechos humanos e infancias, la calificó como positiva, ya que constituye “un ajuste procesal necesario y razonable”, en especial para las infancias, y se alinea con estándares internacionales en materia de accesibilidad y adaptación para grupos vulnerables.
Sin embargo, advirtió que su efectividad dependerá de contar con protocolos, personal capacitado y condiciones institucionales adecuadas.
“Esto se traduce en prever protocolos, en tener personal que tenga un enfoque de infancias y con preparación también desde el enfoque psicosocial para poder dar este acompañamiento”, señaló.
Villaseñor subrayó la necesidad de que la CEDH cuente con infraestructura adaptada y funcionarios con formación especializada.
“El acompañamiento tiene que ser amigable para las infancias, incluso en un tema de infraestructura. Estoy pensando en que los espacios tienen que estar adecuados para las niñas, niños y adolescentes”.
Entre los retos identificados, mencionó la falta de voluntad política y la posible designación de personas sin el perfil necesario.
“La operativización de la iniciativa depende de identificar quiénes de verdad son profesionales en la temática en relación con las infancias y que sean los que estén al frente”.
En el terreno normativo, recomendó fortalecer la exposición de motivos con fundamentos como el principio del interés superior de la niñez y el principio pro persona, además de referencias a la Convención sobre los Derechos del Niño.
“Recordando que principio pro persona y principio del interés superior de la niñez son mandatos de optimización, entonces no hay ahí como una colisión entre estos principios”.
Asimismo, consideró que la iniciativa debería ser consultada con los grupos a los que busca beneficiar, como personas indígenas, con discapacidad e infancias.
“Sin duda alguna, estos grupos necesitan esta parte de la representatividad, es decir, de estar presentes en este tipo de iniciativas, porque invariablemente son ellos los que viven todo este tipo de circunstancias”.
La especialista concluyó que se trata de un avance legislativo con potencial transformador, siempre que se acompañe de recursos, normativas complementarias y voluntad institucional, enfatizando que “el impacto real y duradero” es que vaya acompañado de todos los recursos y herramientas necesarias, así como la disponibilidad por parte de las instituciones que lo tendrían que aplicar.
