Fernanda Durán
El ex diputado Juan Francisco Aguilar Hernández presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa ciudadana para reformar y adicionar diversas disposiciones de la Ley de Donación y Trasplantes, con el objetivo de modernizar su marco normativo, impulsar la cultura de la donación y garantizar la operación eficiente del Registro Estatal de Trasplantes (RET).
La propuesta busca que toda persona mayor de edad sea considerada donadora al momento de su fallecimiento, salvo que haya manifestado expresamente su oposición; un esquema conocido como consentimiento presunto con objeción expresa que, según señala, ha demostrado aumentar las tasas de donación en países como España, Bélgica, Austria y Colombia.
La negativa podría registrarse por escrito ante notario, en el Registro Civil o mediante plataformas digitales del Centro Estatal de Trasplantes (CETRA), con plena validez jurídica.
Aguilar argumenta que San Luis Potosí se encuentra entre los estados con menor índice de donación cadavérica a nivel nacional, lo que prolonga las listas de espera y genera desenlaces fatales para pacientes que requieren un trasplante.
Además, sostiene que la actual legislación limita la donación únicamente a quienes han manifestado su voluntad en vida, sin mecanismos más incluyentes.
En materia operativa, la iniciativa plantea convertir al RET en una plataforma digital interoperable con el Registro Civil, el Registro Nacional de Población y los sistemas de salud estatales y federales.
También propone que hospitales, notarios y ministerios públicos envíen información en tiempo real sobre donantes y receptores, y que la consulta del registro sea obligatoria antes de cualquier procedimiento de trasplante.
El proyecto incorpora además un nuevo título en la ley para que la Secretaría de Educación y el CETRA implementen contenidos pedagógicos sobre donación y trasplantes en la educación básica y media superior, así como campañas públicas anuales con metas cuantificables, presupuesto definido y resultados publicados.
En materia de transparencia, establece la obligación de publicar informes trimestrales del RET con datos estadísticos y operativos, proteger la información personal de donantes y receptores, y rendir cuentas presupuestales ante la Comisión de Salud del Congreso.
Aguilar enfatizó que esta no es una reforma meramente técnica, sino una medida con un profundo carácter humano destinada a prolongar vidas, multiplicar esperanzas y traducir la solidaridad en actos concretos. Por ello, pidió que el Poder Legislativo convoque a mesas de diálogo y análisis bajo el principio de Parlamento Abierto, para incluir a todos los sectores involucrados antes de dictaminar la propuesta.
En junio de este año, la Comisión de Salud del Congreso del Estado desechó una propuesta similar que buscaba establecer el consentimiento tácito para la donación de órganos.
En aquella ocasión, los legisladores señalaron contradicciones normativas, ambigüedad jurídica y falta de viabilidad operativa, además de advertencias de la Comisión Estatal de Derechos Humanos sobre posibles afectaciones a la autonomía individual. Incluso se mencionó que el proyecto invadía atribuciones federales y que el estado carece de infraestructura hospitalaria y de un banco de órganos para implementar un modelo de esta naturaleza.
Aunque el dictamen fue rechazado por unanimidad, los integrantes de la comisión coincidieron en que el tema debía permanecer en la agenda legislativa.
