María Ruiz
Integrantes de pueblos originarios realizaron una manifestación en la avenida Venustiano Carranza durante la noche de este jueves, para denunciar lo que consideran irregularidades sistemáticas en el proceso de elección del titular de la Unidad de Atención a Pueblos y Comunidades Indígenas del Ayuntamiento de San Luis Potosí.
La protesta, que bloqueó uno de los principales ejes viales de la ciudad, puso nuevamente sobre la mesa un conflicto que lleva más de seis años sin resolverse.
El detonante inmediato fue la reciente resolución del Tribunal Electoral del Estado, emitida el pasado 26 de marzo de 2025, que invalidó el proceso electivo culminado en la asamblea del 14 de septiembre de 2024, donde resultó electa Palmira Flores García.
Con esta quinta resolución dentro del juicio TESLP/JLDC/67/2019, el nombramiento de la directora de la Unidad quedó sin efecto, en un hecho que ha generado malestar entre las comunidades indígenas, especialmente en un año simbólico para la reivindicación de los derechos de las mujeres indígenas.
La historia del conflicto se remonta a 2019 cuando la comunidad mazahua, mediante un juicio, logró la creación de la Unidad de Atención a Pueblos Indígenas. Desde entonces, el proceso ha transitado entre nombramientos cuestionados, órganos de representación desmantelados y resoluciones judiciales contradictorias.
Las administraciones municipales de Xavier Nava Palacios y Enrique Galindo Ceballos no han logrado dar solución de fondo a una disputa que refleja, según activistas, un desconocimiento estructural de los derechos indígenas por parte de las instituciones.
Para Juan Felipe Cisneros Sánchez, del Observatorio Indígena Mesoamericano, el conflicto refleja no sólo una disputa interna, sino un entramado de negligencia institucional.
“El Tribunal ha emitido lineamientos que en los hechos limitan el derecho a la consulta y participación, derechos protegidos por la Constitución y los tratados internacionales. Es inadmisible que se impongan criterios normativos por encima del marco legal vigente”.
Cisneros también denunció que instancias como el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado (INDEPI), el Poder Judicial, el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), y el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI), han fallado en su deber de normar, orientar y proteger los derechos colectivos desde una perspectiva intercultural y de derechos humanos.
“Ni norman ni asesoran, y mucho menos comprenden la complejidad del tejido social indígena en la zona metropolitana de San Luis. Se han convertido en parte del problema, no en la solución”.
El activista enfatizó que la disputa por la dirección de la Unidad ha terminado por desviar la atención de los problemas reales que enfrentan las comunidades indígenas: pobreza, migración forzada, discriminación estructural y desatención gubernamental.
“El conflicto se ha vuelto un distractor de los verdaderos problemas que aquejan a las comunidades. Mientras eso ocurre, las instituciones se enredan en lineamientos que violentan más de lo que protegen”, concluyó Cisneros.
