María Ruiz
Este martes, estudiantes de la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) protestaron frente al consulado de El Salvador por la detención arbitraria de Alejandro Antonio Henríquez Flores, abogado salvadoreño egresado de dicho posgrado.
Originario de El Salvador, Alejandro cursó sus estudios de maestría en San Luis Potosí, donde se destacó por su compromiso en la defensa del territorio, la justicia ambiental y los derechos de comunidades campesinas. En los últimos años, ha estado vinculado a procesos organizativos en su país, acompañando a poblaciones que enfrentan amenazas de desalojo.
Al respecto de esta detención, la coordinadora de la Maestría en Derechos Humanos de la UASLP, Suhey Tristán Rodríguez, expresó que “lo que la maestría hace no es solamente un proceso de formación académica, sino que también implica un compromiso ético y político con la defensa de los derechos humanos. Por eso, aunque quizá no podamos intervenir directamente en el proceso judicial, sí tenemos la responsabilidad de pronunciarnos y visibilizar lo que está ocurriendo”.
En ese sentido, explicó que la tarde de este martes docentes, estudiantes y personas defensoras entregaron un documento al consulado de El Salvador exigiendo información sobre el estado físico y legal de Alejandro Henríquez.
“El consulado nos recibió, pero nos dijo que la información sobre el compañero excedía sus funciones. Nosotros insistimos: no estamos pidiendo nada fuera de sus competencias, solo saber en qué condiciones se encuentra”, subrayó.
Desde su experiencia como investigadora, Tristán alertó sobre el creciente contexto de criminalización hacia quienes defienden bienes comunes como el agua, la tierra o los territorios.
“El caso de Alejandro ejemplifica una situación que, lamentablemente, no es exclusiva de El Salvador. También ocurre en México. Aquí seguimos sin contar con un mecanismo adecuado de protección para personas defensoras de derechos humanos. No puede seguir tratándose de forma indistinta a periodistas y defensores como si enfrentaran los mismos riesgos”.
La investigadora hizo un llamado a reflexionar sobre el papel que juegan quienes defienden derechos en contextos de despojo.
“Lo que enfrentan las comunidades es una omisión del Estado en su deber de proteger, respetar y garantizar derechos. Y lo más grave es que muchas veces ese mismo Estado es el que criminaliza, usando el aparato penal para perseguir a quienes defienden lo que se les ha sido negado. Por eso insistimos: defender lo común no debe ser considerado un delito”.
Detención en contexto de represión a protesta pacífica
La noche del lunes, antes de la detención, Alejandro Henríquez se encontraba acompañando a habitantes de la Cooperativa El Bosque, de Santa Tecla, quienes realizaban una protesta pacífica para exigir que no se concrete el desalojo de más de 300 familias previsto para el próximo 22 de mayo. La manifestación tuvo lugar en los sectores de Las Piletas y Los Sueños, donde las familias denuncian haber habitado y cultivado legalmente esas tierras desde 1985, cuando el Estado salvadoreño se las otorgó como parte de un programa agrario.
En videos difundidos por medios como Bálsamo RTV, ARPAS y Mala Yerba en la red social X, se observa a Alejandro en la primera línea de la manifestación. También se documentan agresiones físicas contra él y otros miembros de la comunidad, a manos de las llamadas “fuerzas policiales militares” del gobierno de Nayib Bukele. Horas más tarde, varios manifestantes, incluido Alejandro, fueron detenidos de forma arbitraria, sin respetar el debido proceso legal ni informar sobre su paradero.
Las familias afectadas han denunciado que la orden judicial que respalda el desalojo responde a una presunta deuda reclamada por un particular, quien ha logrado que se ordene el despojo de tierras pese a que los campesinos poseen documentos legales que prueban su legítima tenencia desde hace décadas.
La voz desde la academia: defensa y exigencia
Desde la Maestría en Derechos Humanos de la UASLP, la comunidad académica expresó hoy su “más enérgica condena” a la detención arbitraria de Henríquez Flores. A través de un comunicado, se recordó que el abogado ha sido un firme defensor de la vida, los bienes comunes y la dignidad de las comunidades, y se exigió su liberación inmediata, así como la garantía de sus derechos.
Guillermo Luévano Bustamante, doctor en Ciencias Sociales y excoordinador del programa académico, señaló la gravedad del contexto en que se da esta detención.
“Alejandro fue un estudiante destacadísimo, muy comprometido con la defensa del territorio y los derechos humanos en núcleos agrarios. Hoy vemos con preocupación cómo en El Salvador se ha endurecido la política criminal bajo el gobierno de Bukele, criminalizando a quienes defienden derechos con el pretexto de la seguridad pública”.
Luévano destacó también la estigmatización que enfrentan los defensores en ese país, donde “el uso del aparato judicial y policial ha servido para reprimir disidencias y restringir libertades fundamentales”.
Desde San Luis Potosí hasta Santa Tecla, dijo Luevano, la exigencia es dirigida al cese del hostigamiento contra quienes defienden la vida y el territorio, y libertad inmediata para Alejandro Henríquez.
“Manifestamos ante el consulado de El Salvador nuestra preocupación, y seguiremos exigiendo información y su liberación inmediata, así como garantías de debido proceso para que se le presente sano y salvo. También pedimos el cese al hostigamiento de defensoras y defensores ambientales”.
