Fernanda Durán
Un proyecto de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), elaborado por la ministra Lenia Batres Guadarrama, propone revocar la sentencia de un juez federal y sobreseer el amparo promovido por la exsíndica capitalina, Alicia Nayeli Vázquez Martínez, contra el juicio político realizado en su contra durante la administración municipal 2018-2021, sin embargo, su análisis y la discusión fueron retirados de la orden del día a último minuto y quedaron pospuestas hasta nuevo aviso.
El caso se deriva del juicio de amparo 22/2022, en el que el Juzgado Tercero de Distrito en San Luis Potosí había dado la razón a la exsíndica al señalar que existieron irregularidades procesales y ordenó reponer el procedimiento desde la etapa en que presentó su informe de defensa. Tanto la quejosa como el Congreso del Estado recurrieron esa sentencia, lo que dio origen al amparo en revisión 732/2024.
El proyecto de Batres sostiene que el juicio de amparo es improcedente para revisar actos derivados de un juicio político, con base en el artículo 61, fracción VII, de la Ley de Amparo, por lo que su propuesta enfatiza que corresponde al Congreso del Estado, en su ámbito de soberanía, definir responsabilidades políticas y que la vía federal no debe intervenir en este tipo de procedimientos.
En su exposición, la ponente se separa de criterios anteriores de la Primera y Segunda Sala de la Corte como el amparo en revisión 91/2024, que habían abierto la puerta al análisis de actos en juicios políticos.
El proyecto enfatiza que se trata de una nueva época de la SCJN y que corresponde al Congreso local, en su esfera soberana, definir responsabilidades políticas, siempre que se respeten las reglas constitucionales, el documento también señala que el juicio político es de naturaleza eminentemente política y no jurisdiccional, y que corresponde a los congresos estatales y federales resolverlo, sin intervención del Poder Judicial.
De aprobarse, este criterio podría cerrar la puerta a que funcionarios sancionados mediante juicio político en los congresos estatales recurran al amparo para revertir sanciones, lo que marcaría un precedente de gran impacto en la relación entre legislativos locales y el Poder Judicial de la Federación.
Con la decisión de retirar el asunto del orden del día de la sesión de este jueves 25 de septiembre, la resolución sobre este caso seguirá pendiente y su eventual discusión podría definir el rumbo de futuras controversias relacionadas con los alcances del juicio político en México.
El 18 de diciembre de 2021, la LXIII Legislatura del Congreso del Estado aprobó en sesión extraordinaria la inhabilitación de Xavier Nava Palacios por 18 años, al considerar que como alcalde de la capital potosina incurrió en violaciones graves a derechos humanos y omisiones graves, al continuar con la construcción de un puente sobre el bulevar Antonio Rocha Cordero, a pesar de existir una suspensión judicial derivada de un juicio promovido por ejidatarios del núcleo agrario Rancho Viejo La Libertad.
Junto con Nava Palacios, fueron también sancionados nueve integrantes de su administración municipal, incluyendo a la exsíndica Alicia Nayeli Vázquez Martínez, con 15 años de inhabilitación; el presidente interino Alfredo Lujambio Cataño, con 12 años; así como ocho regidores, quienes recibieron sanciones de cinco años.
