Fernanda Durán
Luego de que el Ayuntamiento de San Luis Potosí informara que analiza posibles sanciones administrativas contra la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas (Seduvop) por la presunta tala de más de 100 árboles en El Sauzalito, el diputado Luis Felipe Castro Barrón consideró necesario que se sustenten las acusaciones.
Asimismo, negó haber recibido quejas ciudadanas sobre afectaciones al arbolado durante su presencia en la zona.
“El que acusa tiene la obligación de probarlo. Si ellos dicen que había 100 árboles, pues entonces tienen que mostrarlo, y sobre todo que Seduvop los derribó”, afirmó.
El diputado añadió que, durante su diálogo con vecinos, nunca se mencionaron los árboles como motivo de inconformidad, sino únicamente el retiro de una cancha deportiva: “Fue su cancha de fútbol, esa es la que a ellos les tiraron”.
Según el legislador, el área con árboles frutales y flores aledaña al predio intervenido “nunca fue tocada, por lo que yo alcancé a ver”.
No obstante, sostuvo que si la dependencia estatal efectivamente causó daño ecológico, “pues que se apliquen las sanciones correspondientes”.
Las declaraciones surgen en respuesta a lo dicho por Christian Azuara Azuara, director de Servicios Municipales de la capital, quien aseguró que tras las recientes lluvias se evidenció la tala o daño de más de 200 árboles en la zona, pese a que previamente se habían plantado alrededor de 100.
El funcionario calificó la intervención como injustificada y que no puede haber un doble rasero:
“Si se sanciona a la ciudadanía por talas sin permiso, no se puede permitir que las autoridades actúen sin diagnóstico ni autorización previa”.
Por otra parte, Azuara también criticó los bajos montos vigentes por sanción ambiental, además de que desde hace tres solicitan al Congreso del Estado el incremento de las multas por tala y poda sin permiso.
Por su parte, el diputado respondió que no ha recibido ninguna iniciativa del Ayuntamiento en esta legislatura para modificar las penas.
“Yo creo que el ayuntamiento es un ente gubernamental, no es una sociedad civil, no es un ciudadano. El ciudadano puede venirnos y expresar su necesidad para poder hacer una modificación de ley o alguna propuesta de ley. Ellos tienen el equipo legal, tienen a sus síndicos, tienen los asesores legales para poder enviar una iniciativa; iniciativa que hasta ahorita yo tengo desconocimiento que no la hayan hecho llegar, al menos en esta legislatura”.
Añadió que, si bien estaría dispuesto a analizar una iniciativa en ese sentido, el Ayuntamiento debe incluir una exposición de motivos, impacto presupuestal y justificación técnica.
“Sería muy fácil nada más decir ‘exijo que se aumenten las penas’, pero necesitamos que nos hagan llegar su propuesta”.
Finalmente, reiteró su postura de mantenerse al margen del conflicto legal entre el municipio y el Gobierno del Estado al insistir en que su participación en El Sauzalito se limitó a gestionar un acercamiento entre Seduvop y la comunidad vecinal.
