Eduardo Delgado
Para dar seguimiento a dos quejas e interponer otra, empleados de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) acudieron este lunes a la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH). En las tres responsabilizan de hostigamiento laboral al rector Manuel Fermín Villar Rubio y funcionarios universitarios, uno de estos, además, señalado de acoso sexual.
Durante su estancia en las oficinas de la Comisión, acompañados por su abogado, Tomás Coronado Zárate, José Antonio Reyna Espinosa, Salima Adriana Álvarez Merino y Silvia Lizeth Zapata Licea, expusieron por separado las razones de sus quejas a este portal de noticias.
El pasado 21 de enero, Silvia Lizeth presentó queja contra el director de la Coordinación Académica Regional Altiplano (Coara), Julián Espinosa Sánchez, por acoso laboral y sexual. Contra el rector, por omiso, pues de manera personal le entregó una denuncia y no hizo nada.
Un día, recordó, el funcionario metió su mano por debajo de la blusa a la altura del hombro de ella. Otra ocasión la tomó de los brazos y la apretó contra su cuerpo para comprobar que en el embarazo les aumenta el tamaño de los senos a las mujeres.
En Matehuala, ella era la administradora en el Coara y enterado su jefe del anuncio de una auditoría, le recomendó: “Haz uso de los encantos de tu cuerpo… para que todo salga bien”.
El abogado dijo haber recibido información acerca de que, desde hace años, en vez de proporcionar a los estudiantes el número de cuenta bancaria para pagar el derecho de presentación del Examen General de Egreso de Licenciatura (EGEL), en el Coara se ha cobrado en efectivo y se deposita luego en el banco el dinero, lo que hace sospechar sobre el destino de una parte del total recaudado, comentó.
Asentó en su queja que enseguida de que le fue otorgada la base sindical, “iniciaron las intimidaciones hacia mi persona” de parte de Julián Espinosa, quien además la denostó e insultó a gritos frente a sus compañeros de trabajo.
Desesperada, buscó y abordó al rector para exponerle su caso y entregarle su denuncia. Posteriormente, sin respuesta, Silvia Lizeth lo contactó vía telefónica. Le reiteró su demanda, porque el director del Coara promovió e impulsó a la auxiliar administrativa para suplirla en el cargo.
Fermín Villar, recordó, la regañó: “¡Me sacaste de una conferencia!… ¡para eso está la Defensoría!”, se excusó.
Salima Adriana interpuso queja el mes anterior, por hostigamiento laboral y discriminación de género, en contra de dos funcionarios: José Alfredo Alonso Medellín, jefe de la División de Desarrollo Humano, y Emmanuel Medina Salinas, este su jefe directo en Secretaría Administrativa, donde ella era la titular en el Departamento de Proveeduría e Inventarios.
Emmanuel Medina, dijo, fue quien la hostigó y la suplió en el cargo con un amigo. Como argumento de su remoción le esgrimió que ella nunca ha tenido el nombramiento correspondiente. “El que a mí jamás me dieron porque me dijeron que ‘no podía ganar más’”, explicó la quejosa.
Expuso, además, que Emmanuel Medina fue recién nombrado como su jefe y con un salario superior al que ella tenía. El aumento lo pidió antes, pero “tampoco me lo concedieron a pesar de que cumplía el perfil… formación académica, experiencia laboral… etcétera. Después de haber sido la titular me tienen congelada ahí mismo, sin hacer nada”, aseveró en entrevista.
Este lunes, José Antonio presentó otra queja contra el responsable del personal, José Alfredo, porque el pasado 27 de febrero, luego de haber fungido ocho años como administrador en las oficinas centrales de la Universidad, fue removido de su cargo sin ninguna explicación y sin cumplir siquiera la entrega-recepción. Lo enviaron al archivo del Instituto de Investigaciones Desérticas.
Fue sustituido por Ymir Montiel Méndez, esposo de Laura Nájera, asistente del rector. Antes de su remoción, señaló, fue hostigado laboralmente porque fue identificado como miembro del grupo político encabezado, al interior de la Universidad, supuestamente por el exrector Mario García Valdez.
Como Silvia Lizeth, Salima Adriana y José Antonio buscaron en vano al rector, señalado por omiso en cada una de las quejas.
En los tres casos, sostuvo el representante legal, los funcionarios ejercieron acoso laboral y no fundaron ni motivaron los cambios de adscripción, lo que constituye una violación a su derecho al trabajo, remató.
Aparte, cabe referir, Tomás Coronado lleva el caso de María de Jesús Almendárez Prieto, mejor conocida como Marichuy, víctima de abuso sexual hace años en la Secretaría de Desarrollo Urbano, Vivienda y Obras Públicas de Gobierno del Estado.
Caso en que logró la sentencia condenatoria para el agresor, Juan Martín Gatica Izaguirre, quien a pesar de ello obtuvo su liberación y mantiene su trabajo, aunque al haber sido declarado culpable debió ser cesado como empleado estatal.
