Por Victoriano Martínez

¿Quién es Sandra Sánchez Ruiz?, tituló el periódico La Jornada San Luis su nota principal del 31 de marzo de 2016.

Hoy que se cumplen dos años de que 410 personas –238 mujeres y 172 hombres– acudieron al Jardín de Tequis para firmar –incluso con miedo– una denuncia penal por la compra simulada de más de 66 millones de pesos de medicamentos por el entonces alcalde Ricardo Gallardo Juárez, aún no se sabe quién es, pero sí lo que emblemáticamente representa.

A dos años de la denuncia, como caso emblemático, el de Sandra Sánchez Ruiz ya dejó claro que la prioridad para el gobernador Juan Manuel Carreras López es la impunidad para quien, pacto de por medio, le ayudó a ganar la elección por la gubernatura.

Cada día que pasa sin que se actúe contra las fechorías del ex alcalde que le reportaron y hasta denunciaron, y las muchas más que él afirmó que ya conocía, confirman el tamaño de su compromiso, complicidad y/o liderazgo que impide la procuración de justicia, con el apoyo incondicional de su fiscal carnal Federico Garza Herrera.

No sorprende que un gobernador con ese tipo de prioridad justifique la inseguridad que aqueja al Estado con su gran labor para la prosperidad de la economía estatal. “No es un problema de seguridad, este es un problema, digo, si hay ya… tiene que ver fundamentalmente con cómo se está desarrollando la actividad económica en tu estado”, dijo este martes ante los empresarios.

Y fue más allá: prácticamente se deslindó de la inseguridad porque de los cinco delitos prioritarios (narcotráfico, tráfico de armas y de personas, robo de combustible y contrabando), que los tiene que combatir el gobierno federal, se suelen generar los del fuero común.

“Si no tuviéramos esos cinco delitos, en nuestro país viviríamos condiciones de seguridad muchísimo mayores”, aseguró.

Con esa lógica, podría pensarse que Carreras López desea que no existieran algunos grupos de la sociedad civil que denuncien casos como el de Sandra Sánchez Ruiz, o el enriquecimiento de los Gallardo, o el uso de facturas falsas por parte de los diputados de la ecuación corrupta y de sus dependencias, obras fantasma y demás en municipios (por ejemplo, Ciudad del Maíz), etcétera, para que no queden huellas de su compromiso con la impunidad.

Pero existen esos grupos y, como caso emblemático, el de Sandra Sánchez Ruiz, aunque aún no se sepa nada de ella, en dos años muestra que, más allá de lo testimonial, las denuncias ciudadanas se enfrentan a una burocracia a la que mantienen con sus impuestos, pero que no le responde porque el compromiso, desde la cabeza, atiende intereses distintos a los de la sociedad.

La sociedad es la que enfrenta los problemas del mal uso de sus impuestos y de los efectos en la inseguridad que vive, porque las autoridades que deberían resolverlos son parte del problema. No son autoridades, sino sólo simuladores de autoridad.

Denuncias, como el caso Sandra Sánchez Ruiz, son ejemplos de la cultura de la denuncia de la que últimamente habla Carreras López en sus discursos, pero ante la que tendría que confesar que no existe la cultura de la procuración de justicia, con él en primera fila. Eso es lo que revelan las denuncias, ante la inoperatividad del aparato gubernamental.

A dos años de la denuncia por el caso Sandra Sánchez Ruiz, con 410 firmas recolectadas en una plaza pública, aún no se puede saber quién es ella, pero la búsqueda de la respuesta a esa pregunta ha dejado ver quiénes están al frente de las instancias gubernamentales de procuración de justicia: sólo cómplices de la impunidad, encabezados por Juan Manuel Carreras López.