Por Victoriano Martínez
Ninguna autoridad de los tres niveles de gobierno puede darse por sorprendida ante el derrumbe ocurrido durante la madrugada de este lunes en la Vía Alterna que obligó a su cierre parcial.
En el caso del gobierno estatal, que reinició el 4 de abril del año pasado la construcción que había descartado el gobierno federal tras la declaratoria de la Sierra de San Miguelito como Área Natural de Protección de Flora y Fauna, por ese solo hecho, debió verificar las condiciones de todo el trayecto antes de abrirlo a la circulación.
El Gobierno del Estado se apresuró a señalar que el área afectada corresponde a un segmento construido por la Federación, como si se tratara de deslindar de cualquier responsabilidad, lo que resulta difícil si en su mismo señalamiento menciona que en ese tramo ya se habían presentado incidentes similares en el pasado.
Y no se tendría que buscar mucha información sobre esos incidentes similares mucho tiempo atrás.
El 12 de agosto, apenas 18 días antes de la inauguración de la Vía Alterna, la Dirección de Protección Civil Municipal y la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana de la capital reportaron un “desgajamiento de una parte de cerro en Prolongación Calzada de Guadalupe en inmediaciones del Fraccionamiento Campo Azul”.
Esos incidentes similares en el pasado como explicación por parte de la autoridad estatal, ¿no debieron ser tomados como un aviso de que debió verificarse la seguridad del tramo federal antes de abrirlo masivamente a la circulación? Máxime si el último incidente registrado se dio menos de tres semanas antes de la inauguración de esa ruta.
El reinicio de la construcción de la Vía Alterna se dio sin que se le autorizara la Manifestación de Impacto Ambiental (MIA), lo que indica que –además de los descuidos en la seguridad del trayecto– se tuvo poco cuidado en las cuestiones ecológicas, que tienen que ver con las afectaciones tanto a la flora y fauna, como a las relacionadas con el uso de suelo.
Cuando la Federación inició los primeros cinco kilómetros de la Vía Alterna, se contaba con una autorización de la MIA que prescribía, por ejemplo, para los cortes de los cerros un “ángulo de inclinación (0.5 X 1)” como manera preventiva para los derrumbes. Si hubo incidentes similares (así, en plural) a los del pasado lunes, ¿se verificó la inclinación de los cortes en los cerros?
Si no se realizaron las inspecciones y verificaciones de seguridad previo a poner en operación la Vía Alterna, en cuanto a la responsabilidad de lo ocurrido el gobierno estatal no puede simplemente señalar hacia la Federación. Existe una responsabilidad compartida.
No se puede dejar de lado el incidente que se presentó apenas tres meses después de reiniciada la construcción de la Vía Alterna, cuando maquinaria de la obra irrumpió dentro del Área Natural Protegida Sierra de San Miguelito y destruyó especies protegidas por la Norma Oficial Mexicana (NOM) 059.
Un incidente minimizado y negado por el gobernador Ricardo Gallardo Cardona que mostró el poco respeto para la ANP pero también sobre la poca responsabilidad con la que se avanzó en la obra.
La Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas, por constituir esos hechos delitos ambientales, promovió una denuncia cuya resolución sigue pendiente en la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA).
Si alguna responsabilidad adicional por parte de la Federación hay en derrumbes como el del lunes pasado, y en caso de que pudieran derivar en una tragedia ahora que aumentó la circulación vehicular por esa vía, es que la PROFEPA pudo suspender la construcción de la ruta por no contar con MIA y sólo permitirla si cubría todos los requisitos de protección ambiental y seguridad para los usuarios.
Si la causa de la causa es la causa de lo causado, quizá también debiera ser compartida la responsabilidad sobre lo que ocurren en cuestiones de seguridad en la Vía Alterna por sus promotores formales y de facto, quienes idearon el trazo carretero desde 2012 como instrumento para facilitar un negocio multimillonario de desarrollos inmobiliarios.
Entre los Guardianes de la Sierra ha comenzado a circular un documento que cuenta la otra historia de la Vía Alterna, en el que se describen pactos entre gobernadores y alcaldes con grandes empresarios inmobiliarios, que pasaron de oponerse a Gallardo Cardona por la gubernatura a convertirse en aliados para favorecerse mutuamente con esa carretera.
“Gobierno promueve el uso de la Vía Alterna, los nuevos fraccionamientos con acceso a la nueva vialidad inundan las redes con ofertas, pero un día amanecemos con la nueva de que los deslaves de la Sierra arrojan rocas y lodo a la flamante obra reciclada de la herencia maldita”, concluye el documento de los Guardianes.
En una publicación en Facebook, los Guardianes advierten sobre lo que puede ocurrir con la que bautizaron como obra reciclada de la herencia maldita:
¿Qué va a pasar el día que, ojalá no suceda, se pierda la vida de algún automovilista?
La Sierra es un ser vivo, la Sierra tiene formas de defenderse, las corrientes de agua, la crisis estructural de construir en los cerros, las enfermedades emergentes qué provoca la destrucción de los ecosistemas tarde o temprano cobra facturas.
¿Quién será responsable de agredir la Sierra de San Miguelito?
