Por Victoriano Martínez
Hoy se cumplen 15 años de la ejecución del entonces titular de la Dirección de Seguridad Pública del Estado, Jaime Flores Escamilla, que fue uno de los primeros crímenes de alto impacto y el que marcó –visto a la distancia– el fin de la tranquilidad para los potosinos y, seguramente, el inicio de una temporada, que todavía se alargará por mucho tiempo, en la que se vive con miedo.
El homicidio, ocurrido en el cruce de avenida Rutilo Torres con calle Alejandrina, en la colonia Valle Dorado, sigue impune… y en el olvido para las autoridades responsables de su investigación. Al menos no se ha informado nada sobre algún resultado sobre la búsqueda de los responsables.
En los últimos dos años del gobierno de Marcelo de los Santos Fraga no hubo ningún avance en las investigaciones a pesar del compromiso del entonces mandatario de que el crimen no quedaría impune.
Durante los seis años del gobierno de Fernando Toranzo Fernández tampoco pasó nada y hace siete años, cuando estaba por iniciar el sexenio de Juan Manuel Carreras López, el hijo mayor de Flores Escamilla pidió al en ese momento mandatario electo promover el esclarecimiento del asesinato. Nada ocurrió.
A casi un año de iniciado el gobierno de Ricardo Gallardo Cardona el caso ni siquiera ha sido mencionado como parte del inventario de la larga lista de delitos que se mantienen en la impunidad, a pesar de su trascendencia.
Una secuencia que antes que herencia parece más un pase de estafeta para darle continuidad a la indolencia que desde los más altos cargos políticos y de procuración de justicia apuesta al olvido que provoca el paso de los años.
Pero la realidad es implacable y con el paso de los años lo que muestra es la forma en que esa impunidad, originada entre la negligencia y la falta de compromiso, cobra una factura bastante alta para la sociedad: cada vez se encuentra más sometida a la violencia asesina intencional.
Durante todo el año de 2007 se cometieron 412 homicidios, de los cuales 259 (el 62.86 por ciento) fueron dolosos y 153 (el 37.14 por ciento) culposos, es decir, asesinatos intencionales. Las cifras muestran que en aquel año la proporción entre homicidios culposos (accidentales) y dolosos (ejecuciones) fue de uno contra 0.59. La mayor parte de las muertes violentas no eran intencionales.
Para 2021, esa proporción se incrementó a 2.57 ejecuciones por cada homicidio culposo, dado que de los 853 homicidios reportados ese año, 614 fueron dolosos y 239 culposos. La inmensa mayoría de las muertes violentas pasaron de ser accidentales a ser producto de una violencia abiertamente criminal.
En los primeros siete meses de este año, esa tendencia de crecimiento de la violencia criminal que causa muertes no ha cedido. De los 475 homicidios reportados entre enero y julio, 353 han sido dolosos en tanto que 122 culposos. Esto representa un aumento en la proporción de muertes producto de una acción criminal a 2.89 asesinatos por cada homicidio culposo.
Salir a la calle o simplemente vivir en San Luis Potosí representa un riesgo casi tres veces mayor de morir asesinado que de fallecer por un accidente. Dicho de otro modo, hoy es casi tres veces más fácil leer en la nota roja sobre una muerte por asesinato que sobre una por un accidente.
Si la violencia homicida intencional está más presente que nunca, no debe causar extrañeza que cada trimestre la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana (ENSU) del INEGI reporte un promedio de ocho de cada diez habitantes de San Luis Potosí que se sienten inseguros.
En 2007 el INEGI aún no realizaba esa encuesta. Seguramente, y a pesar de los primeros crímenes de alto impacto, la percepción de inseguridad era menor, pero también a partir de ese año se marcó el arranque de esta época en la que el miedo invadió a toda la sociedad… y está muy lejos de verse para cuándo terminará.
