María Ruiz
La Fiscalía General del Estado formuló imputación contra Raúl N. por el delito de homicidio culposo, en relación con el accidente ocurrido en la carretera a Cerritos en el que murió Lizbeth Castro González. La imputación se deriva de que Raúl N. es quien presuntamente conducía el vehículo en el que viajaba la joven cuando ocurrió el siniestro, por lo que la investigación busca determinar si una conducta negligente o imprudente al volante provocó el accidente y, con ello, la muerte de Lizbeth.
Durante la audiencia, Raúl N. se reservó su derecho a declarar y no respondió a la imputación formulada en su contra. Su defensa solicitó la duplicidad del término constitucional, por lo que la autoridad judicial no ha resuelto todavía si será vinculado o no a proceso.
Uno de los principales puntos de la audiencia fue la medida cautelar. De acuerdo con lo informado por el asesor jurídico particular de la familia de Lizbeth, la Fiscalía no solicitó prisión preventiva y únicamente pidió como medida cautelar la prohibición de acercarse o comunicarse con víctimas, ofendidos y testigos.
Ante ello, el asesor jurídico solicitó el resguardo domiciliario, previsto en la fracción XIII del artículo 155 del Código Nacional de Procedimientos Penales, al argumentar:
“Puedo pedir la menos lesiva que le sigue a la prisión, que es la de prisión domiciliaria o resguardo en su domicilio. Justifiqué los dos riesgos procesales, que es el riesgo de sustracción y el peligro de obstaculización del proceso”.
La jueza concedió la medida de resguardo domiciliario. Esto significa que Raúl N. deberá permanecer en su domicilio durante el tiempo que corresponda a la medida cautelar, sin que ello implique una resolución sobre su culpabilidad.
El asesor jurídico señaló:
“Antes de la audiencia yo hablé con el Ministerio Público y le dije: ‘Lee, hay todos los datos suficientes para que pidas la prisión preventiva’. Me ignoró”.
Durante la audiencia, el asesor jurídico expuso argumentos relacionados con los riesgos procesales y sostuvo que éstos fueron considerados por la jueza.
“Los riesgos procesales los acredité”.
En cuanto al riesgo de sustracción, el abogado argumentó que el imputado tendría facilidades para permanecer oculto y que no quedó demostrada, desde su perspectiva, una voluntad suficiente de someterse al procedimiento.
Respecto al riesgo de obstaculización, señaló como parte de sus argumentos la posibilidad de que el imputado o personas cercanas a él pudieran influir en el desarrollo de la investigación.
“Sí existen indicios razonables que permitan suponer que él puede influir, o puede su familia influir”, sostuvo.
En sus declaraciones, el abogado relacionó este argumento con los cargos públicos que ocupan los padres del imputado, la diputada local Leticia Vázquez Hernández y el regidor de Cerritos, Raúl Reyes Tapia. Se trata de argumentos planteados por la representación jurídica de la familia y no de una determinación de responsabilidad penal contra los padres del imputado.
Otro de los temas pendientes es la clasificación jurídica del delito. La Fiscalía formuló imputación por homicidio culposo, mientras que el asesor jurídico de la familia manifestó durante la audiencia que considera que existen elementos para solicitar una reclasificación a homicidio doloso.
Por ahora, la acusación formal de la Fiscalía se mantiene como homicidio culposo y no existe una determinación judicial que haya reclasificado el delito.
La duplicidad del término constitucional solicitada por la defensa permitirá que la audiencia continúe antes de que se determine la situación jurídica del imputado. Será el próximo sábado 22 de agosto a las 9:00 horas cuando la autoridad judicial analice los elementos presentados y resuelva si existen datos suficientes para vincular a Raúl N. a proceso.
