Por: Eduardo Delgado.
Este martes fueron ratificadas en el Congreso del Estado las dos peticiones de Juicio Político presentadas en el Poder Legislativo contra Carlos Alejandro Ponce Rodríguez, integrante del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial, acusado de tráfico de influencias, luego de que eludió su responsabilidad por el delito de homicidio culposo.
Una formulada por Oscar Martínez Pérez, hermano de Sergio, taxista que murió en noviembre de 2012 derivado del accidente provocado por Ponce Rodríguez; la otra por Juan José Pérez Zavala, representante en San Luis Potosí de la Confederación de Colegios y Asociaciones de Abogados de México, Asociación Civil.
Oscar Martínez, acompañado de su abogado Tomás Coronado Zarate, y Juan José Zavala Pérez, acudieron este martes a la oficina de la Coordinación de Servicios Parlamentarios, donde cada uno, por separado, confirmo sus respectivas demandas de juicio político.
El hermano de la víctima, Oscar Martínez, acudió enseguida a Palacio de Gobierno y en la oficina de recepción de correspondencia o documentos dirigidos al gobernador, Juan Manuel Carreras López, entregó copia certificado del expediente judicial que se le sigue al Consejero de la Judicatura.
CONFIAN QUE GOBERNADOR “ABRA LOS OJOS”
El representante legal de Oscar Martínez, Tomás Coronado explicó que la intención de entregarle al Gobernador copia del expediente es enterarlo de la situación que impera en el Supremo Tribunal de Justicia y que “empiece abrir los ojos”.
Porque, como en el caso de Ponce Rodríguez, los funcionarios judiciales “utilizan la ley a su contentillo y en los asuntos que tienen interés los resuelven como les conviene”.
Estimo que Ponce Rodríguez “influyó en la decisión del juez para negar la orden de aprehensión en su contra y evitar una sentencia condenatoria”, luego de que le produjo la muerte al ruletero Sergio Martínez.
Igual, añadió, los magistrados de la Primera Sala del Poder Judicial, que confirmaron la negativa de la liberación de la orden de captura del Consejero de la Judicatura, cuando este ya ejercía esa función.
Expuso que con esta acción desean contribuir a la separación de funcionarios judiciales que incurren en el tráfico de influencias y que “la gente empiece a levantarse para señalar a los corruptos”.
De los que abunda en San Luis Potosí y por ende “tenemos bien merecido el primer lugar a nivel nacional, como la entidad con el mayor nivel de corrupción”.
Sostuvo que de parte del Ejecutivo y del Congreso esperan que en este caso apliquen la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos del Estado y los Municipios. En especial el Poder Legislativo cuya función radica en observar el cumplimiento cabal de la ley, de modo que emprendan el procedimiento correspondiente contra Ponce Rodríguez.
Acerca de lo declarado por el diputado perredista, J. Guadalupe Torres Sánchez, en el sentido de que el Congreso no tiene competencia para proceder contra el Consejero de la Judicatura, el litigante estimó que quizá el legislador “se enredó” en su declaración.
