Por: Antonio González Vázquez.
No obstante que la adicción a las drogas y el alcohol continúan creciendo de la mano de la criminalización y su victimización y no obstante de que en otras entidades ya han sido creadas nuevas instituciones para atender el tema, el Congreso del Estado determinó desechar una iniciativa para la creación de la Ley para el Tratamiento de las Adicciones y Justicia Terapéutica que había sido presentada por el abogado José Mario de la Garza Marroquín.
Esta iniciativa fue presentada desde el 19 de junio de 2014 y hasta ahora fue dictaminada por diputados de las comisiones de Seguridad, la de Justicia y la de Puntos Constitucionales del Congreso del Estado, según aparece en la Gaceta Parlamentaria del Poder Legislativo.
“La Justicia Terapéutica por conducto de los Tribunales para el Tratamiento de las Adicciones son la vía adecuada para el control, atención y eventual erradicación de estas y sus consecuencias, porque de fondo, lo que pretenden es diseñar políticas legislativas y prácticas judiciales que hagan asequible el proceso de rehabilitación de las y los infractores cuya situación de consumo de drogas fue predisponente para cometer algún delito y para ello es indispensable que los órganos jurisdiccionales integren el equipo de tratamiento, así como que las personas que aceptan ser derivadas a un Tribunal para el Tratamiento de las Adicciones estén de acuerdo en permanecer libres de drogas, participen en las actividades que les constriñen a romper el vínculo adictivo, se sometan a evaluaciones periódicas de supervisión directa del comportamiento y una respuesta, la integración de los servicios de tratamiento en los procesos de casos judiciales, la participación multidisciplinaria y la colaboración con organizaciones comunitarias y gubernamentales.
El Tribunal para el Tratamiento de las adicciones en San Luis Potosí, es una propuesta congruente con el espíritu del nuevo Sistema Penal Acusatorio y con las nuevas tendencias de protección de los derechos humanos”, expone de la Garza en su propuesta.
Y cuestiona:
¿De verdad puede creerse que está funcionado la hiperpunibilización en delitos que impactan de manera preponderante a las familias?
¿Algún legislador o legisladora podría atreverse a decir que la reclusión de más y más personas en las cárceles está mejorando nuestra convivencia social y disminuyendo los índices delictivos?
¿En cuánto tiempo más alguien propondrá que lo mejor que podemos hacer como sociedad para detener el nuevo fenómeno de violencia caracterizado con el anglicismo de bullying, es configurar un nuevo tipo penal específico que incremente sus penas, máxime que en quienes preponderantemente recae la conducta son menores y adolescentes?
En México en el año de 2009 se inauguró el primer tribunal de esta naturaleza en el municipio de Guadalupe en estado de Nuevo León. Según Roberto Campa Cifrián, Subsecretario de Prevención y Participación Ciudadana y Participación Ciudadana de la Secretaría de Gobernación, en México, por lo menos 9 entidades ya están trabajando para instrumentar esta figura jurídica (Tribunal para el Tratamiento de las Adicciones y Justicia Terapéutica) además de que este esquema favorece la recuperación de las personas adictas y sus familias, también se obtendría un ahorro económico sustancial para el Estado, dado que se estima que la manutención de una persona en reclusión, le cuesta un promedio de entre 250 y 350 mil pesos anuales, mientras que una persona en tratamiento para el control de adicciones, considerando el costo en términos de aparato de justicia y de sistema de salud, oscila entre 25 mil a 60 mil pesos.
Pese a todo ello, los diputados potosinos consideran que esos tribunales no hacen falta y desecharon la iniciativa 18 meses después de que fue presentada.
