Desiree Madrid
El sistema penitenciario de San Luis Potosí enfrenta presiones crecientes por la sobrepoblación y la necesidad de garantizar condiciones mínimas de dignidad para las personas privadas de la libertad.
Aunque existen espacios disponibles en algunos centros, restricciones legales y de derechos humanos han limitado su uso, reconoció el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Estado (SSPC), Jesús Juárez Hernández.
El funcionario explicó que se implementan distintas estrategias para evitar que los reclusorios colapsen. Una de ellas es el programa de preliberaciones, enfocado en personas en prisión por primera vez y que podrían acceder a cambios de medida o suspensiones condicionales.
Sin embargo, no se detallaron cifras claras sobre cuántos internos podrían beneficiarse de esta medida ni el impacto real que ha tenido hasta ahora.
Juárez Hernández también mencionó que se han hecho esfuerzos por ampliar la infraestructura dentro de los centros penitenciarios, con la construcción de nuevas estancias y la mejora de servicios básicos como la alimentación.
Según dijo, cada mes se entregan espacios nuevos, aunque evitó precisar cuántos se han construido o en qué centros se han realizado estas ampliaciones.
Uno de los problemas señalados por el secretario es que, aunque existen espacios disponibles en otros penales del estado, muchas veces no pueden utilizarse por restricciones impuestas por el Poder Judicial o recomendaciones de organismos de derechos humanos, que impiden trasladar a los internos a centros lejanos o con condiciones cuestionables. En algunos casos se ha tenido que regresar a las personas a su centro original tras ser reubicadas.
En medio de estas limitaciones, se han creado áreas especializadas para ciertos perfiles, como personas de la tercera edad, con padecimientos psiquiátricos o con enfermedades crónicas.
Aunque Juárez Hernández afirmó que en estas áreas no hay sobrepoblación, e incluso algunas cuentan con apenas una o dos personas, no se ofreció información sobre la situación general del resto de los módulos o centros penitenciarios.
Otro de los temas señalados fue la alimentación. El secretario reconoció que han recibido quejas por la calidad o adecuación de los alimentos que se sirven a las personas privadas de la libertad.
Afirmó que hay personal especializado en nutrición encargado de adaptar los menús a las condiciones culturales de cada región del estado, pero no mencionó si estas adecuaciones han logrado resolver las inconformidades.
En suma, mientras las autoridades aseguran que trabajan para evitar el hacinamiento y mejorar las condiciones carcelarias, la realidad apunta a un sistema penitenciario que opera en tensión constante, con recursos limitados, infraestructura que se amplía sin claridad y medidas paliativas que podrían no ser suficientes frente al crecimiento sostenido de la población penitenciaria.
