Desiree Madrid
San Luis Potosí ingresará a 2026 con un panorama más frágil en materia de seguridad y justicia debido a la disminución de recursos federales, en un momento en que los delitos de alto impacto continúan presionando tanto a las instituciones estatales como a las municipales.
Lo anterior fue expuesto por el informe Estado de Derecho 2026: en números rojos, elaborado por México Evalúa, el cual advierte que el retroceso del gasto público en seguridad a nivel nacional afectará directamente a entidades como San Luis Potosí, donde la capacidad institucional ya es limitada.
El estudio detalla que el presupuesto federal asignado al Estado de Derecho en 2026 será uno de los más reducidos en los últimos 15 años. La disminución impactará funciones esenciales como seguridad pública, procuración de justicia, fortalecimiento municipal y administración de justicia.
En particular, los subsidios destinados a estados y municipios enfrentan el recorte más severo: mientras en 2014 se asignaban 18.5 mil millones de pesos, para 2026 solo se consideran 2.1 mil millones, lo que representa una caída de 88 por ciento.
Para San Luis Potosí, esto significa recibir menos fondos para formación, equipamiento y profesionalización policial, áreas donde ya existen carencias históricas. El estado permanece excluido de programas como el extinto Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg) desde 2020, y aunque el nuevo Fondo para el Fortalecimiento de Instituciones de Seguridad Pública (Fofisp) distribuye recursos a todos los municipios, su bolsa nacional es tan reducida que el efecto es marginal: apenas 1.2 mil millones de pesos repartidos entre más de 2 mil 400 ayuntamientos.
La afectación será más evidente en municipios con alta demanda de servicios de seguridad como Soledad de Graciano Sánchez, Ciudad Valles y Matehuala, que actualmente enfrentan aumentos en homicidios, robos y extorsiones. Con menos apoyo federal, deberán sostener sus corporaciones mediante recursos propios, lo que agudiza la presión sobre finanzas municipales ya de por sí debilitadas.
El informe subraya también que el Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales de la Ciudad de México (Fortamun), uno de los pocos fondos que aumentará automáticamente en 2026, podría representar una fuente mayor de ingresos para los municipios potosinos. Sin embargo, no existe obligación de destinarlo a seguridad, pues la Ley de Coordinación Fiscal únicamente sugiere que al menos el 20 por ciento se utilice para fortalecer esta área.
Aunque la Auditoría Superior de la Federación ha constatado que la mayoría de los municipios cumple, la realidad es que estos recursos suelen emplearse para gasto operativo y no para profesionalización o infraestructura policial.
Un punto adicional de preocupación es el recorte al Poder Judicial federal, que perderá 15.8 mil millones de pesos, el ajuste más grande en 20 años. La reducción podría retrasar procesos judiciales y afectar los servicios de defensoría pública, un asunto relevante para San Luis Potosí, que aún enfrenta rezagos en acceso a la justicia y mantiene altos niveles de impunidad.
México Evalúa resalta que, a nivel nacional, se invierte menos del uno por ciento del Producto Interno Bruto (PIB) en fortalecer el Estado de Derecho, a pesar de que el costo del delito para la ciudadanía es mucho mayor. En San Luis Potosí, donde la ENSU reporta percepciones elevadas de inseguridad especialmente en Soledad y Rioverde, esta distancia entre necesidades y recursos amenaza con profundizar la debilidad institucional.
El análisis concluye que la falta de inversión sostenida en policías locales, fiscalías y tribunales limita la capacidad de las entidades para enfrentar al crimen organizado y mejorar la seguridad del día a día.
Para San Luis Potosí, esto implica que 2026 será un año de retos crecientes, con recursos más limitados y una demanda urgente de fortalecer capacidades locales ante la reducción del respaldo federal.
