Fernanda Durán
En medio de un panorama financiero crítico que el propio rector Alejandro Zermeño Guerra reconoce como cercano —o incluso ya inmerso— en una crisis debido a la falta de aportaciones estatales, la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) reafirmó que mantendrá su postura de autonomía frente a la fiscalización de sus recursos propios.
Mientras tanto, el Instituto de Fiscalización Superior del Estado (IFSE) advirtió ante las y los diputados que los intentos legales de la UASLP para evitar revisiones han resultado improcedentes y que, eventualmente, las responsabilidades recaerán directamente en los funcionarios universitarios.
En entrevista, el rector Alejandro Zermeño Guerra expuso que la Ley Orgánica de la UASLP, reafirmada en 2022 por el Congreso del Estado, otorga autonomía de gestión y de organización interna a la institución.
“La ley general de la universidad está otorgada por el Congreso del Estado. En el 2022 se reafirmó, porque ya existía esta ley; se reafirmó la autonomía universitaria y es una autonomía de gestión, y es una autonomía que nosotros tenemos el derecho de ver cómo nos organizamos y cómo nos gobernamos dentro de la universidad”, subrayó.
Zermeño insistió en que los recursos federales que recibe la institución ya son auditados por la Auditoría Superior de la Federación, mientras que los ingresos propios —como inscripciones, rentas de cafeterías o actividades universitarias— deben revisarse únicamente por la Contraloría Interna de la UASLP.
“Por supuesto que lo mantendremos. Si me han amenazado y me lo han dicho, voy a tener que pagar, van a poner algo en la Fiscalía, eso es una situación que a mí en lo personal me afecta, pero creo que a la institución no se puede dejar presionar por una situación de este tipo”, afirmó.
Explicó que la universidad recibe directamente de la Federación una aportación etiquetada en el ramo U006, que llega al cien por ciento, pero que el Estado está obligado a aportar una cantidad equivalente —lo que en la práctica solo cumple en una proporción del 15.9 por ciento que, además, parte de esos recursos provienen del ramo U028, es decir, transferencias federales canalizadas a través del Estado, lo que a su juicio los hace fiscalizables únicamente por la Auditoría Superior de la Federación.
En contraste, ante diputados y diputadas de la Comisión de Vigilancia, el auditor superior del Estado, Rodrigo Lecourtois López, recordó que en el pasado la universidad era fiscalizada de manera regular, con observaciones que rondaban entre uno y cuatro millones de pesos, pero que desde 2023 emprendió una estrategia judicial para evitar la revisión local.
“Desde el 2023 ellos presentan un amparo negándose a la fiscalización. El resultado de ese amparo, desechado. Presentan un amparo segundo por el 2024, desechado. Dos juicios de nulidad (…) también desechados. Para el ejercicio 2024 intentan un nuevo juicio de nulidad, desechado por extemporáneos. El último, una controversia constitucional desechada por notoriamente improcedente”.
El auditor sostuvo que, al no haber aún una sanción definitiva, los recursos legales emprendidos son improcedentes y evitan que se llegue al fondo del asunto. Sin embargo, una vez que se emitan resoluciones firmes, las consecuencias no recaerán en la institución, sino en los responsables directos.
“¿Por qué no quieren llegar hasta el final? Porque ya cuando se tiene un resultado final va contra el exfuncionario y responsable que cometió aquella falta y no contra la institución. Ahorita la defensa es institucional, pero ya después es personal”, advirtió.
Además, Lecourtois criticó que la universidad se niegue a ser auditada cuando todas las universidades públicas del país se someten tanto a la Auditoría Superior de la Federación como a los órganos fiscalizadores de sus estados.
“En todos los estados, en todas las entidades federativas, se auditan todas las universidades públicas por sus órganos fiscalizadores locales y se auditan recursos propios. Ahora, la verdad es de interés general, porque es una universidad pública, saber en qué se gasta”, expuso.
Mientras la rectoría reafirma categóricamente que defenderá su autonomía y no cederá ante lo que considera presiones indebidas, el IFSE insiste en que la fiscalización es obligatoria y que tarde o temprano los responsables tendrán que enfrentar consecuencias legales.
