Fernanda Durán
La comparecencia del secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Jesús Juárez Hernández, dejó cifras sobre reducción de homicidios, detenciones, recuperación de vehículos y aseguramientos, además de información sobre quejas contra elementos de la Guardia Civil Estatal, sobrepoblación en La Pila, funcionamiento del 911, extorsiones, robos en carreteras, personas desaparecidas y las nuevas facultades de investigación que asumirá la corporación en 2027.
Además, defendió la reserva por cinco años de la información relacionada con los perros robot y explicó el uso de reconocimiento facial, aunque no precisó el porcentaje de confiabilidad de esa tecnología.
Juárez inició con un video en el que la dependencia presentó como resultados 6 mil 437 detenciones, 4 mil 336 vehículos recuperados, 237 armas de fuego aseguradas, 10 mil 135 cartuchos decomisados, 27 mil 570 dosis de sustancias prohibidas y 17 células delictivas desarticuladas.
También destacó una inversión superior a 200 millones de pesos en fortalecimiento salarial para 3 mil 981 elementos y 440 millones de pesos destinados a seguridad mediante distintos fondos.
La principal cifra fue la reducción de homicidios dolosos. La dependencia primero habló de una baja de 79.8 por ciento hasta agosto y posteriormente Juárez actualizó el dato a 78.6 por ciento entre enero y septiembre de 2026 frente al mismo periodo de 2025. Ese porcentaje corresponde a la reducción del promedio diario de homicidios dolosos reportada por el Gobierno Federal y colocó a San Luis Potosí como la entidad con la mayor disminución en ese comparativo.
Juárez atribuyó el resultado a la coordinación con la Guardia Nacional y el Ejército, al despliegue de la Guardia Civil Estatal y a estrategias como Escudo Potosí y Escudo Huasteco.
Sin embargo, la disminución porcentual no significa ausencia de homicidios. Con cifras consolidadas del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), Astrolabio ha documentado 39 víctimas de homicidio doloso entre enero y septiembre de 2026 y un acumulado de 2 mil 281 víctimas durante los cinco años de la actual administración.
En el mismo periodo, los registros consolidados contabilizan además 7 feminicidios, 3 mil 535 víctimas de lesiones dolosas y 15 mil 678 víctimas de delitos contra el patrimonio, entre ellas 7 mil 966 por robo.
Menor percepción de inseguridad, pero 93.2% de delitos quedan fuera de las carpetas
La diputada Nancy Jeanine García Martínez puso sobre la mesa otro de los contrastes de las estadísticas oficiales. Recordó que la ENVIPE 2026 reportó una reducción de 11.8 puntos porcentuales en la percepción de inseguridad, pero al mismo tiempo estimó una cifra negra de 93.2 por ciento de los delitos ocurridos en 2025.
Juárez destacó que la percepción de inseguridad se ubicó en 64.5 por ciento, su nivel más bajo en varios años y por debajo del promedio nacional.
Ante la cifra negra, reconoció que todavía hace falta incentivar la denuncia y señaló que la dependencia busca acercarse a la ciudadanía mediante comités, recorridos en colonias y comunidades, así como los números 911 y 089.
Quejas contra policías: 116 en un año y seis bajas
La diputada Nancy Jeanine, de igual manera, cuestionó los cambios realizados en comandancias regionales de la Huasteca y los señalamientos públicos de presuntos actos de corrupción, intimidación y abuso de autoridad contra mandos y elementos, por lo que consultó qué protocolos existen para evitar que una reasignación sustituya una investigación y cómo se garantiza que las conductas irregulares sean sancionadas.
Juárez respondió que la SSPC revisa los señalamientos y determina si existen elementos para abrir expedientes en Asuntos Internos o ante la Comisión de Honor y Justicia.
Informó que durante el último año la Comisión Estatal de Derechos Humanos recibió 116 quejas contra integrantes de la corporación. En una primera respuesta dijo que alrededor de 80 por ciento habían sido declaradas improcedentes; más adelante ajustó el dato y señaló que 87 por ciento concluyeron sin responsabilidad y 13 por ciento permanecen en trámite.
Aseguró que durante este año no se ha emitido ninguna recomendación contra la corporación, aunque reconoció que internamente se han dado de baja alrededor de seis elementos por conductas graves, además de amonestaciones y separaciones temporales.
“El cambio de elementos o el cambio de un mando medio o superior no obedece a tratarlos de proteger, sino a una medida precautoria”.
No obstante, el secretario también aseguró que parte de los señalamientos difundidos en redes sociales pueden provenir de grupos delictivos afectados por operativos de la Guardia Civil.
Afirmó que se ha detectado que células criminales operan páginas y redes desde las cuales promueven denuncias contra agentes, aunque reconoció que no todos los señalamientos pueden atribuirse a esa situación.
Perros robot: reserva de cinco años y respuesta limitada sobre datos biométricos
La diputada Jessica Gabriela López Torres cuestionó el uso de los perros robot, los sistemas de reconocimiento facial y la decisión de reservar durante cinco años la información relacionada con esos equipos. Específicamente preguntó qué lineamientos protegen los datos biométricos, qué grado de fiabilidad tienen los algoritmos y qué mecanismo de verificación humana existe para evitar detenciones derivadas de falsos positivos.
Juárez explicó que el reconocimiento facial funciona únicamente como una herramienta de apoyo y que las bases de datos se alimentan con objetivos prioritarios vinculados con investigaciones u órdenes de aprehensión.
Cuando el sistema genera una coincidencia, dijo, los elementos deben localizar a la persona y comprobar físicamente su identidad antes de cualquier actuación.
Sin embargo, no proporcionó un porcentaje de confiabilidad de los algoritmos ni detalló durante la comparecencia un lineamiento específico de protección de datos personales.
Respecto a la reserva de información, sostuvo:
“Estos robots serán utilizados en operativos muy especializados y con acciones muy determinadas y creo que eso hace válida su reserva”.
La respuesta no distinguió entre datos operativos y la información contractual cuya reserva documentó Astrolabio. La SSPC clasificó por cinco años no sólo especificaciones técnicas, sino también montos, contratos, facturas, partidas presupuestales y empresas proveedoras de los cuatro equipos, información que permanecerá reservada hasta 2031.
La Pila: sobrepoblación y revisión de protocolos tras dos muertes
Los centros penitenciarios ocuparon otra parte importante de la sesión. El diputado Luis Fernando Gámez preguntó por las certificaciones penitenciarias y las preliberaciones; Juárez destacó que Ciudad Valles y Rioverde cuentan con certificaciones penitenciarias y que se trabaja en nuevos procesos de certificación. Sin embargo, el Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria 2025 de la CNDH reprobó a cuatro de los cinco penales evaluados en San Luis Potosí; sólo Ciudad Valles superó los seis puntos. Rioverde obtuvo 5.41.
El secretario reconoció que la CNDH señaló deficiencias en atención médica, suministros, infraestructura y otros aspectos, pero aseguró que ya se trabaja en corregirlas y que las condiciones actuales han mejorado.
También reportó alrededor de 490 preliberaciones durante este año y una reincidencia aproximada de 10 por ciento entre quienes recibieron el beneficio.
Posteriormente, Luis Felipe Castro preguntó por la sobrepoblación, a lo cual afirmó que el problema se concentra en el Centro Penitenciario de La Pila y más adelante señaló que opera aproximadamente al 120 por ciento de su capacidad.
La dependencia analiza ampliar infraestructura y una de las posibilidades mencionadas es construir dormitorios para hasta mil 500 personas en terrenos disponibles del penal de Ciudad Valles. Todavía no existe una definición sobre ubicación, costo o calendario de un nuevo centro penitenciario.
La diputada morenista Gabriela López también cuestionó lo ocurrido el 7 de septiembre en La Pila, donde una mujer murió durante una visita íntima y posteriormente falleció el interno involucrado, consultando qué falló en los filtros para que hubiera un arma blanca dentro del penal y qué medidas se tomaron posteriormente.
Juárez respondió que los protocolos están bajo revisión, pero explicó que una zona de visita íntima no puede tener vigilancia tecnológica ni presencia permanente de custodios.
“Eso no es una justificación para no revisar nuestros protocolos e iniciar nuestras propias investigaciones”.
Añadió que se revisan antecedentes de las personas que solicitan visitas íntimas y que la SSPC coopera con la Fiscalía General y la Comisión Estatal de Derechos Humanos.
Señaló que la Secretaría abrió una agenda para corregir cada observación y aseguró que las condiciones actuales ya no son las mismas de la evaluación.
La CNDH ha explicado que su Diagnóstico Nacional de Supervisión Penitenciaria evalúa precisamente las condiciones materiales, normativas y operativas, así como el respeto a los derechos humanos dentro de los centros.
Juárez destacó, en contraste, las certificaciones de la Asociación de Correccionales Americanas y aseguró que algunos penales han obtenido cumplimiento de sus estándares.
Martínez Vázquez cuestionó las fallas en la atención del 911. Juárez aseguró que existe suficiente personal y capacidad tecnológica, pero atribuyó la saturación a llamadas falsas, mudas o de broma, que representan alrededor del 60 por ciento de las cerca de mil llamadas diarias.
Informó que se desarrolla un sistema para identificar y desviar esas comunicaciones, aunque no precisó el tiempo promedio de respuesta ante una emergencia real.
Extorsión: 35 detenidos y 45 celulares asegurados en penales
Otro de los cuestionamientos se enfocó en el aumento de las extorsiones, particularmente en la Huasteca y la zona Media, así como en cobros a comerciantes y desplazamientos de familias por miedo; el secretario confirmó que la extorsión es un problema que en ocasiones se conoce mediante información confidencial proporcionada directamente por ciudadanos durante operativos de proximidad.
Informó que la SSPC ha detenido a alrededor de 35 personas durante este año relacionadas con extorsión, principalmente en la Huasteca y el Altiplano.
En los centros penitenciarios, dijo, se realizan revisiones mensuales y durante el último año fueron asegurados 45 teléfonos celulares, que derivaron en igual número de carpetas de investigación.
Aseguró que no tienen detectadas extorsiones telefónicas originadas desde los penales estatales y que las llamadas identificadas suelen provenir de centros penitenciarios de otras entidades. Según Juárez, las extorsiones detectadas dentro de San Luis Potosí corresponden principalmente a cobros presenciales realizados por personas que se presentan como integrantes de grupos criminales.
Uno de los datos presumidos por Juárez fue la alta incidencia registrada por narcomenudeo, que presentó como resultado de la actividad policial. Reportó que la Guardia Civil realiza diariamente entre 25 y 30 detenciones por posesión de drogas.
De enero a septiembre, el SESNSP registró 9 mil 240 casos de narcomenudeo en San Luis Potosí, todos clasificados como posesión simple.
En materia de personas desaparecidas, Juárez precisó que la conducción de las investigaciones corresponde a la Fiscalía especializada y a la Comisión Estatal de Búsqueda.
La Guardia Civil, explicó, participa cuando recibe un reporte al 911 o a petición de esas instituciones, recaba información inmediata y se suma a las acciones de búsqueda.
También brinda seguridad a colectivos mediante acompañamiento desde el punto de reunión, vigilancia perimetral durante las diligencias y protección hasta su conclusión.
Nuevas facultades de investigación todavía requieren ajustes
Rubén Guajardo Barrera cuestionó la preparación de la Guardia Civil para asumir, a partir del 1 de enero de 2027, nuevas facultades de investigación bajo conducción del Ministerio Público.
Juárez reconoció que todavía deben realizarse adecuaciones a la Ley del Sistema de Seguridad Pública, reglamentos internos, perfiles de ingreso y esquemas de capacitación, pues ya existe personal contemplado y coordinación con la Fiscalía para cursos y equipos conjuntos, aunque la Secretaría sigue a la espera de lineamientos federales de capacitación.
“Queremos capacitar al 100 por ciento de nuestro personal para que tenga también estas facultades y estas capacidades”.
El propio secretario advirtió que para delitos como extorsión existen limitaciones si los policías no pueden acceder oportunamente a información bancaria o de teléfonos celulares.
Juárez también utilizó su intervención inicial para cuestionar a los ayuntamientos, al exponer que varias policías municipales carecen de voluntad para enfrentar células criminales y planteó que se generen instrumentos legales que obliguen a los municipios a fortalecer sus corporaciones y rendir resultados.
Más adelante insistió en que “son pocos los municipios que han combatido las células criminales” y sostuvo que la mayoría de las detenciones relacionadas con crimen organizado provienen de operaciones coordinadas entre Guardia Civil, Guardia Nacional y Ejército.
Algunos diputados alternaron cuestionamientos con amplios reconocimientos. Héctor Serrano Cortés dedicó prácticamente toda su intervención a elogiar la trayectoria y desempeño de Juárez, sin formular un cuestionamiento sobre resultados o pendientes.
“Hoy la pregunta sería, ¿por qué no hay más secretarios como usted?”, expresó, e incluso propuso que el Congreso le otorgue un reconocimiento.
María Leticia Vázquez también destacó su trayectoria y le preguntó cuál consideraba su mayor logro en seguridad.
Juárez respondió que el principal resultado ha sido la coordinación con Guardia Nacional y Ejército, junto con la estrategia integral que, dijo, permitió la reducción de homicidios.
