Por Victoriano Martínez
La posibilidad de que el gobernador Juan Manuel Carreras López pida un crédito por 700 millones de pesos para enfrentar la pandemia del COVID-19 se mantiene, aunque para hacerlo tenga que rebasar el tope permitido para endeudamiento, porque reestructurar la deuda actual le permitirá una disponibilidad de recursos mínima, advirtió el notario Eduardo Martínez Benavente.
Consideró que, en el mejor caso, con la reestructuración el gobierno dejaría de pagar el capital durante el periodo de gracia que pueda negociar, pero no así los intereses que tendría que cubrir cada mes.
“La disponibilidad sería de 112 millones de pesos porque se supone que ya abonó el capital de los créditos de los primeros cuatro meses”, estimó.
Martínez Benavente señaló que a la iniciativa le falta determinar el monto que dejarían de pagar de capital este año por la reestructuración de los créditos bancarios, en caso de que el periodo de gracia abarque hasta el próximo mes de diciembre, y también precisar a qué destinarían exactamente esos recursos.
Explicó que con la reestructuración sólo dispondrían de lo que se tiene destinado para el pago de capital, para lo que en el Ley del Presupuesto de Egresos se destinaron 169 millones 709 mil 532 pesos, a los que habría que descontar los cuatro meses del año que ya se pagaron, por lo que la medida recupera unos cuantos pesos y muestra lo conservador que es Carreras López.
“La urgencia de disponer de recursos para atender la contingencia es inmediata. De poco le servirá para este objetivo lo que pueda ahorrarse de pagos de capital después de unos meses”, dijo. “El pago de intereses no se interrumpe por el periodo de gracia de 15 meses que se refiere solo a capital”.
Comentó que aunque en la iniciativa no queda muy claro el plazo de gracia de 15 meses que sólo se refiere a dejar de pagar el capital, lo cierto es que en el Artículo Quinto de la propuesta de decreto se autoriza negociar los intereses para el periodo de gracia, “por lo tanto si se tendrán que pagar intereses de inmediato”.
Dijo que aunque sí habrá una pequeña disponibilidad de recursos extras mensuales con los que no se contaba para destinarlos a paliar los efectos de la pandemia, pero no servirán de mucho para atender el tamaño de las necesidades que se avecinan.
“No me extrañaría que el Ejecutivo presente en fecha próxima y después de que le autoricen la reestructuración, un decreto administrativo para contraer un empréstito por una cantidad mayor a 700 MDP, sin requerir la autorización del Congreso e invocando la excepción a que se refiere la Ley de Deuda Pública para atender la emergencia debida a la pandemia”, expresó.
Mencionó que aunque en la iniciativa de reestructuración se reconoce que el saldo actual de la deuda, con corte al 31 de mayo, se encuentra en el límite del monto que la mantiene como endeudamiento sostenible, solicitar un nuevo empréstito lo podrían justificar por la emergencia que vive la entidad por el Covid-19.
“Los bancos se lo otorgarían si va de por medio la garantía de las participaciones federales y se celebra un convenio con la Federación. No está fácil esta solución”, advirtió.
