Estela Ambriz Delgado
La iniciativa en materia hídrica aprobada el 4 de diciembre en el Congreso de la Unión, aún favorece el mercantilismo hídrico en el país y pareciera ser una normativa para aparentar que cambie la situación en torno al agua, sin que realmente hacerlo, de acuerdo con las observaciones del secretario del Consejo Hídrico Estatal (CHE), Edgar Piña Hernández.
Luego de hacer una revisión de la minuta con proyecto de decreto por el que se expide la Ley General de Aguas (LGA) y se reforma la Ley de Aguas Nacionales (LAN), detectó simulación de sanciones, margen para la discrecionalidad en la extracción y compra venta de agua; falta de mecanismos para sancionar y revertir contaminación, ausencia de democratización de los Consejos Técnicos de Cuenca, y mayor centralización del poder en la Comisión Nacional del Agua (Conagua).
El también investigador del Colegio de San Luis (Colsan) indicó que no hay expectativas de que pudiera haber grandes cambios con la reglamentación, que es la siguiente instancia en la que se podría luchar, porque tenga realmente un impacto en la situación actual de la gestión del agua en el país, pues es una ley “para aparentar que cambien las cosas sin que realmente cambie nada”.
Puntualizó sobre diversos aspectos como las infracciones, que en realidad aún son muy débiles, pues no hay sanciones para quienes contaminan ni para quienes lucran con el agua.
Mencionó como ejemplo que en el artículo 123 BIS 3, el cual se adiciona a la LAN, establece que cuando la cantidad de agua extraída sea menor a 50 mil litros, se impondrá prisión de tres a cinco meses y una multa de 100 a 200 Unidad de Medida de Actualización (UMA).
Sin embargo, uno de los grandes problemas, y que la Conagua lo sabe, es que no hay medición en el país, no hay manera de medir esos 50 mil litros, por lo que esas sanciones establecidas en la ley jamás se van a aplicar.
“Da la impresión de que está diseñado de esa manera para aparentar que hay sanciones, sabiendo que no hay una manera técnica de aplicarlas. Entonces sigue abierta toda la discrecionalidad en la extracción, lucro, compra venta de agua; sigue manteniendo las condiciones para que existan los mercados negros y grises de agua”.
De igual forma, Piña Hernández apunta que tampoco hay elementos claros para que quien realmente contamina pague, o tenga que implementar mecanismos para revertir la contaminación una vez hecha. Esto lo único que hace es perpetuar el sistema como estaba, donde se puede seguir contaminando sin que haya grandes consecuencias.
Indicó que otro de los grandes problemas nacionales son los Consejos Técnicos de Cuenca, que funcionan como puertas giratorias, pues son cooptados principalmente por grandes empresarios y por “coyotes” del agua, de lo que San Luis Potosí no es la excepción. Estos no fueron reformados para volverlos más democráticos ni para que haya mayor participación ciudadana en interior; únicamente cambian un poco su denominación.
El secretario del CHE explica que lo que ocurre con esta legislación es que la Conagua centraliza más el poder, lo que resulta preocupante dado que la dependencia es considerada parte del problema.
“No tiene realmente grandes estímulos para cambiar, simplemente está acumulando mucho más poder, lo cual le da mucho mayor espacio para la discrecionalidad en la toma de decisiones respecto a transmisiones de concesiones, concesiones en todo el país, la aplicación de sanciones, y no hay mecanismos ciudadanos de supervisión del trabajo de Conagua”.
Agregó que queda por ver si realmente abrirán el Registro Público de Derechos de Agua, al que también le cambian ligeramente el nombre, y lo hacen más accesible a la ciudadanía, porque es difícil tratar de encontrar información sobre las concesiones de manera independiente en la página de internet.
Destacó que esto es muy importante, porque en teoría debería de permitir trazar los históricos de las concesiones para saber cómo se han transmitido y acumulado, lo que actualmente no existe, y con LGA tendría que cambiar.
Sin embargo, se desconoce cuánto tiempo les tomen esos cambios y ajustes, pues es algo que no le conviene a la Conagua debido a que evidencia cómo ha sido juez y parte del “sistema de coyotaje” en el país.
En este sentido, el investigador manifestó tener la impresión de que la presidencia de la República y el partido Morena trata de quedar bien tanto con empresarios como con la ciudadanía, pero en los hechos queda mal con todos al ser “una normativa muy tibia que realmente no cambia gran cosa”, y permite que continúen los negocios con el agua en todo el país.
“Tampoco va a tocar los grandes intereses que ya existen de los grandes acaparadores como FEMSA, algunos distritos de riego que también lucran muchísimo con el agua, sobre todo en el norte del país; quedan prácticamente sin tocarse sus concesiones por millones de litros de agua. No se pueden tocar porque no existe retroactividad en la ley, y tampoco hay mecanismos para que puedan regresar parte del agua que fue concesionada. En resumen, sigue siendo una ley que favorece el mercantilismo hídrico en el país”.
