Estela Ambriz Delgado
Las iniciativas de reforma a la Ley de Aguas Nacionales (LAN) y la creación de la Ley General de Aguas (LGA) aún conservan la permisividad en el acaparamiento, sobreexplotación y contaminación de las aguas en el país por parte de una minoría, impuestos por el neoliberalismo para posibilitar su privatización, como lo advierte la Contraloría Autónoma del Agua de la Huasteca Potosina (CAAHP).
Tras haber realizado un análisis de las propuestas enviadas desde la presidencia de la República a la Cámara de Diputados del Congreso de la Unión, la Contraloría señala que aún se mantienen los mecanismos obsoletos de “participación” a través de los Consejos de Cuenca, en los que sólo los gobiernos y grandes concesionarios tienen voz y voto.
Explica que con ello se contraviene el espíritu del artículo 4 constitucional, reformado en 2012, que busca que la sociedad participe realmente en la gestión de las aguas en México.
“Los llamados Consejos de Cuenca, cuyo papel es muy gris e inútil para enfrentar la crisis hídrica, deben ser reemplazados por Consejos Regionales en los que participen auténticas representaciones sociales de pueblos indígenas, productores de alimentos, sectores afectados por la contaminación, investigadores, sistemas comunitarios, mujeres, y los tres órdenes de gobierno”.
De igual forma, la CAAHP apunta que se conserva el sobre-concesionamiento, acaparamiento y mercadeo de las aguas, a través de nuevas figuras como la reasignación y la creación de Fondo de Reservas” en reemplazo de Bancos de Agua. Con estos, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) podrá autorizar a los grandes intereses la compra de derechos de ejidos y comunidades.
Lo que realmente se necesita es establecer mecanismos que recuperen volúmenes de agua de grandes concesionarios que no han pagado, o extracciones agrícolas excesivas, al actuar a favor de las cuencas y acuíferos, así como de los pueblos y comunidades despojadas.
La Contraloría también menciona que, frente al planteamiento de cumplir con los objetivos de garantizar el derecho humano al agua en un periodo de 60 años, lo que se debe proponer es que los Consejos Regionales generen planes inmediatos y vinculantes para garantizar servicios de agua y saneamiento de calidad.
Además de erradicar la contaminación y sobreexplotación de los cuerpos de agua, tener una distribución equitativa, restaurar los ecosistemas, y fortalecer la transparencia y el acceso a la información sobre el manejo de las aguas.
También observa que se mantiene un sistema de impunidad a los grandes concesionarios, con el otorgamiento de la carta de “quien contamina paga”, o de pago de “derechos por contaminar”, que han envenenado las aguas del país.
“Ello ha traído graves consecuencias en la Huasteca Potosina, pues las descargas de agroindustrias, termoeléctricas, cementeras, industrias ganaderas, etc., contaminan de manera sistemática las aguas de los ríos Tamasopo, Valles, Tampaón, Huchihuayan, Axtla y Moctezuma, a sabiendas de que por mucho la única sanción que podrían recibir es el de pagar por contaminar”.
Igualmente, la CAAHP hace mención de que en dichas iniciativas se favorece la construcción de mega obras hídricas con intervención de capital privado, lo que en el caso de la Huasteca Potosina podría ser, por ejemplo, la construcción del acueducto Pánuco para el trasvase de aguas al norte del país.
“En este caso planteamos que dichas obras deber pasar a revisión pública para evitar afectaciones a los ecosistemas, sistemas productivos y la trasgresión de derechos colectivos de las poblaciones y pueblos”.
Otro punto que la Contraloría señala como grave es que se permita el uso de agua en “yacimientos no convencionales”, pues esto provocaría la destrucción de acuíferos y la contaminación de las aguas superficiales, así como aire y suelos.
En próximos días presentarán la iniciativa ciudadana de Ley General de Aguas (ICLGA), en la que se establece que debe prohibirse el uso de agua para fracking, además una reforma al artículo 27 constitucional para prohibir la fractura hidráulica en la extracción de gas y petróleo.
Finalmente, se señala que hay puntos que en las iniciativas de la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo no se tocan y son fundamental su incorporación, como el reconocimiento de los derechos de los pueblos originarios sobre sus aguas, así como de los sistemas comunitarios del agua como sujetos de derecho público, y de las contralorías autónomas del agua; la planeación del manejo del agua por regiones y cuencas, y mecanismos para combatir la corrupción e impunidad.
“Nos sumamos al esfuerzo realizado por la Contraloría Nacional Autónoma del Agua (CNAA) para contribuir en una legislación del agua que erradique las practicas neoliberales y esta se armonice con los principios establecidos en el Artículo 4º Constitucional y los convenios internacionales para garantizar el derecho humano al agua, su manejo sustentable y la participación social en su gestión”.
