Desiree Madrid
La Secretaría de Comunicaciones y Transportes de San Luis Potosí (SCT) presentó este 12 de enero la incorporación de 50 unidades de transporte público que comenzarán a operar en la Zona Metropolitana.
Lo anterior como parte de un proceso de renovación que, de acuerdo con la propia dependencia, no cuenta con inversión directa del Gobierno del Estado y es financiado por los concesionarios.
Durante el evento, la titular de la SCT, Araceli Martínez Acosta, afirmó que la renovación busca atender un parque vehicular con un número considerable de unidades fuera de norma, situación que se arrastra desde administraciones anteriores.
La funcionaria sostuvo que al inicio del actual gobierno se encontraron con un escenario derivado de al menos 12 años sin un plan de renovación sostenido, lo que provocó que numerosas unidades superaran la vigencia establecida por la ley.
No obstante, reconoció que esas unidades aún circulan ante la necesidad de garantizar el servicio a la población, al tiempo que se implementa un esquema gradual de sustitución para evitar una afectación mayor a la movilidad cotidiana.
De acuerdo con lo expuesto, el proceso de renovación inició el año pasado con la incorporación de algunas unidades en la zona de Tangamanga. Con la entrega de las 50 unidades anunciadas este día, la SCT prevé sumar otras 50 el próximo mes y alcanzar, al cierre del año, la incorporación de al menos 100 unidades adicionales.
Martínez Acosta señaló que se mantiene un trabajo cercano con los concesionarios para cumplir con este objetivo y acelerar el ritmo de renovación anual, aunque evitó precisar cuántas unidades deben salir de circulación de manera inmediata por haber rebasado su vida útil, al argumentar que cada año vencen nuevos permisos.
No obstante, la intención es romper con la práctica histórica de renovar los camiones únicamente al cumplir los 10 años que marca la ley, al considerar que ese esquema resulta poco funcional incluso para los propios concesionarios, quienes enfrentan mayores dificultades económicas al intentar sustituir unidades que ya no conservan valor comercial.
Como parte del discurso institucional, la SCT destacó que las unidades que se incorporan corresponden a tecnologías Euro 5 y Euro 6, las cuales permiten una reducción importante de emisiones contaminantes. La funcionaria sostuvo que este aspecto es relevante, al considerar que el transporte público figura entre las principales fuentes de contaminación urbana, por lo que la renovación también se plantea como un componente del proyecto de movilidad impulsado por el gobierno estatal.
Sin embargo, las unidades presentadas mantienen similitudes con las entregadas en marzo de 2025, tanto en modelo como en diseño. Además, como se observa en las imágenes difundidas durante el evento, algunas unidades conservan el color amarillo en el techado el cual pertenece al color de la mayoría de unidades que ya transitan desde hace años, mientras que otras fueron pintadas de verde, esquema cromático que ha sido utilizado anteriormente por el gobierno estatal para identificar acciones de su administración.
El anuncio de la renovación se da en un contexto de cuestionamientos previos al desempeño de la SCT. En diciembre, el transporte público de la Zona Metropolitana de San Luis Potosí obtuvo 48.6 puntos de 100 en la Radiografía de Transporte Público para Ciudades Mexicanas (RTPM) 2025, elaborada por el Centro Mario Molina, en el que se documentaron avances limitados en los procesos de modernización del sistema, así como rezagos persistentes en accesibilidad, condiciones del servicio y atención a usuarios, particularmente en sectores vulnerables.
En el mismo acto, Martínez Acosta se refirió a denuncias ciudadanas relacionadas con presuntos cobros superiores a la tarifa por parte de taxistas, en comparación con años anteriores.
Al respecto, aseguró que la SCT mantiene habilitados módulos y personal de atención ciudadana para recibir quejas, siempre que se cuente con el número económico de la unidad, y una vez presentada la denuncia, el concesionario y el operador son citados para determinar, en su caso, las sanciones correspondientes.
