Abelardo Medellín
El gobernador Ricardo Gallardo Cardona afirmó que las 51 personas privadas de su libertad que fueron sacadas la madrugada del 14 de marzo del Centro de Reinserción Social (Cereso) de La Pila fueron llevados a un penal federal, aseveración que contradice la versión oficial dada por la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana (SSPC).
La madrugada de este jueves, la SSPC emprendió un operativo para reubicar a 51 internos del penal de La Pila y trasladarlos a los centros penitenciarios de Rioverde, Ciudad Valles y Tamazunchale; dicha acción derivó en un motín provocado por un interno que había desplegado una estructura de extorsión a otros compañeros y dejó como saldo dos guardias muertos, un interno finado y tres más hospitalizados.
Tras su visita a la Huasteca potosina, Gallardo Cardona fue cuestionado sobre este evento y contradijo la versión de la SSPC al declarar que “los 51 [internos] fueron llevados a un penal federal”.
Además, aseveró que el interno que provocó el motín y es identificado como “cabecilla” de un grupo de poder, fue separado del grupo y llevado a Rioverde para ser juzgado por las muertes que provocó durante la refriega.
“Después de que sea juzgado, entonces sí lo movemos, pero ya juzgado, ya sentenciado a un penal federal”.
Gallardo Cardona reconoció que al interior de los centros penitenciarios existen cotos de poder controlados por internos y que funcionan a través de la extorsión, pero estos “se disolvieron” cuando comenzó su gobierno.
“No pasó nada, La Pila está funcionando perfectamente bien, en días pasados nos informan que se vuelve a grstar un autogobierno en La Pila y provoca que generemos un operativo para mover a quienes generaron este autogobierno, eran 51 personas, por eso se hizo ese operativo”.
Horas después del motín acontecido este jueves, familiares de los internos se manifestaron a las afueras de La Pila y denunciaron que el operativo de traslado se hizo sin justificación judicial, sin informar del lugar de destino y en condiciones irregulares.
El gobernador no añadió ningún dato adicional sobre los eventos de este jueves 14 de febrero y se tomó la mitad de la entrevista con medios regionales para rememorar un motín similar que ocurrió en 2013 en ese mismo Centro Penitenciario y que, según dijo, quedó impune.
