María Ruiz
Tras el rescate de varios perros en condiciones deplorables dentro de una vivienda en la colonia Jacarandas, el alcalde de la capital potosina, Enrique Galindo Ceballos, hizo un llamado a la ciudadanía, a los rescatistas y a las organizaciones animalistas a actuar con criterio, responsabilidad y apego a los protocolos establecidos para el bienestar animal, en un contexto donde también se confirmó que la propietaria del domicilio enfrenta una condición de salud mental delicada.
El hecho, que se viralizó en redes sociales el pasado fin de semana, derivó en una confrontación entre una activista y la dueña de los perros, la cual estuvo a punto de terminar en linchamiento, de acuerdo con el alcalde.
Por esta razón, al lugar acudieron elementos de la Guardia Civil Estatal y de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, no sólo por la denuncia de maltrato animal, sino por el riesgo de violencia física entre particulares.
Galindo reconoció que, aunque la intervención logró rescatar a los perros, existe una falta de coordinación institucional sobre el destino y atención de los animales que fueron rescatados.
“Yo ayer preguntaba ‘¿y dónde están?’ para ir a verlos y ya no supe. Me dicen que están en otro lugar, con otra asociación. Hoy voy a ir a ver dónde quedaron y qué se puede hacer con ellos”, expresó.
El alcalde también mencionó que el rescate fue encabezado por una organización independiente, y lamentó que la situación haya escalado a un conflicto físico.
La activista involucrada, identificada en redes como Fátima, fue señalada por agredir a la propietaria, lo que encendió aún más el debate sobre el manejo adecuado en estos casos.
En San Luis Potosí, los rescates de animales deben seguir un protocolo municipal, especialmente cuando interviene el Centro de Bienestar Animal, que actualmente alberga a 71 perros bajo cuidado oficial.
Este protocolo incluye: la evaluación del estado del animal, su alimentación, salud, vacunación, condiciones de resguardo (protección contra el sol y la lluvia); una visita de verificación por parte de personal capacitado; documentación y denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado (FGE), si se confirma el maltrato, por medio de la sindicatura; y la intervención conjunta con autoridades de seguridad y salud si hay indicios de violencia o problemas de salud mental.
“El protocolo se sigue puntualmente, pero cuando hay agresiones físicas o amenazas, el tema escala y ya no es solo un asunto de protección animal, sino de seguridad entre particulares”, aclaró Galindo.
El edil hizo un llamado doble: por un lado, a las personas que tienen mascotas, para que asuman con responsabilidad su cuidado; y por otro, a quienes denuncian maltrato, para que lo hagan con criterio y sensibilidad legal.
“Hay casos en los que uno cree que hay maltrato, pero legalmente no lo hay. Nosotros intervenimos cuando hay abandono evidente: animales sin comida, agua, resguardo o vacunación, pero no siempre es tan claro, y ahí hay que mediar”, dijo.
No obstante, Galindo fue enfático en señalar que el caso de Jacarandas sí ameritaba intervención debido a las condiciones extremas en que se encontraban los animales.
Finalmente, el alcalde subrayó que el movimiento animalista ha cobrado fuerza y sensibilidad social, por lo que su gobierno busca actuar con responsabilidad y en coordinación con asociaciones civiles, sin permitir excesos o justicia por propia mano.
