Fernanda Durán
El Congreso del Estado de San Luis Potosí retiró del orden del día el dictamen de la Comisión de Educación, Cultura, Ciencia y Tecnología que proponía reformar el artículo 15 de la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) para garantizar la paridad de género en todos sus órganos de gobierno, incluyendo la Rectoría y las direcciones de facultades.
El coordinador parlamentario del PAN, Rubén Guajardo Barrera, explicó que la decisión se tomó tras recibir un oficio del rector de la UASLP, Alejandro Zermeño Guerra, en el que advierte la inviabilidad jurídica de la reforma en los términos planteados.
“Hay un oficio por parte del rector que vamos a analizar a fondo, que es inviable porque se debe hacer una consulta. Entonces, no queremos llevar a un litigio entre el Congreso y la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. Seremos muy respetuosos de la autonomía universitaria”, declaró en entrevista.
El legislador reconoció el valor de la propuesta, pero debe atender los procedimientos internos de la institución.
“La idea es buena de la diputada, creo que la idea es muy buena, pero hay que ver los cómos, ¿no? Y no invadir esferas que no nos tocan al Congreso. (…) Vamos a bajarla y vamos a entrar en diálogo con la Rectoría para ver cuál es la ruta”.
La reforma revisada por la comisión, incorporaba la iniciativa de la diputada Jacquelinn Jáuregui Mendoza. En su exposición de motivos, la legisladora subrayaba que nunca ha habido una mujer en la Rectoría y que en facultades como Derecho, pese a ser mayoría en la matrícula, las mujeres no han ocupado la dirección.
Proponía establecer la alternancia de género en la titularidad de la Rectoría y las direcciones académicas, salvo en los casos de reelección, y garantizar que al menos la mitad de los órganos de gobierno universitarios estén integrados por mujeres.
El propio documento incluía opiniones solicitadas a la Consejería Jurídica del Estado y al rector de la Universidad, quien enfatizó que, de acuerdo con el artículo 3º constitucional y la Ley General de Educación Superior, las universidades autónomas tienen la facultad de gobernarse a sí mismas y que cualquier modificación a sus órganos de gobierno debe pasar por mecanismos de consulta interna, no por una imposición externa.
Según el dictamen, la Consejería Jurídica del Estado coincidió en la necesidad de garantizar la paridad de género en los procesos internos de la UASLP, pero sugirió ajustes a la redacción del artículo 15.
Guajardo Barrera precisó que el acuerdo para retirar la reforma del orden del día se tomó en la Junta de Coordinación Política (Jucopo) con el objetivo de evitar un litigio entre el Congreso y la Universidad.
“Lo que se busca es que exista la paridad sin ningún conflicto jurídico, entonces vamos a bajarla y vamos a entrar en diálogo con la Rectoría para ver cuál es la ruta para esta reforma”.
Aunque el Congreso ya había aprobado en marzo la reforma constitucional que adicionó un párrafo al artículo 11 de la Constitución del Estado para obligar a observar la paridad de género en la elección de autoridades universitarias, la armonización en la Ley Orgánica de la UASLP se mantiene en pausa hasta que se construya un acuerdo con la propia Universidad.
