María Ruiz
En San Luis Potosí, la Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM), declarada desde 2017 para atender altos índices de violencia feminicida en seis municipios —entre ellos San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez y Ciudad Valles— ha sido objeto de polémica tras la eliminación de la declaratoria en tres municipios —Matehuala, Tamazunchale y Tamuín— debido a una aparente disminución de casos, según las autoridades responsables de la medición.
La relevancia de este antecedente se acentúa tras el feminicidio ocurrido el jueves 5 de febrero, ya que el caso vuelve a poner en evidencia que la violencia feminicida no ha sido erradicada en el estado de San Luis Potosí, aún cuando se reportan avances institucionales.
Astrolabio: Ante un feminicidio reciente ocurrido en la capital y con un alto grado de violencia, ¿Cómo debe interpretarse este hecho frente a las cifras oficiales que reportan una disminución en delitos contra las mujeres?
Claudia Espinosa Almaguer: La violencia feminicida es un concepto jurídico vigente desde febrero de 2007 en la LGAMVLV en el artículo 21 que se define como: “La forma extrema de violencia de género contra las mujeres, producto de la violación de sus derechos humanos, en los ámbitos público y privado, conformada por el conjunto de conductas misóginas que pueden conllevar impunidad social y del Estado y puede culminar en homicidio y otras formas de muerte violenta de mujeres”.
Es decir, no abarca sólo los asesinatos violentos de mujeres sino otras conductas de agresión que se reproducen antes en la comunidad afectando la calidad de vida de las mujeres y su derecho a vivir en igualdad y libertad. Cuando en 2017 se declaró la AVG en San Luis Potosí lo que se estableció fue un reconocimiento político de una violencia generalizada de estas características, el hecho reciente en mención es un dato entre varios de que esta situación persiste.
A: Cuando la violencia escala hasta el asesinato dentro del hogar, ¿qué evidencia deja sobre las fallas en la prevención, detección temprana y atención oportuna de la violencia de género a nivel municipal?
CEA: Más allá, hay que observar cuáles son las atribuciones municipales, estatales e institucionales, la existencia de programas y medidas de alcance en el cumplimiento de lo que habitualmente realizan las autoridades en materia de la política para las mujeres y lo que realizan por ejemplo de modo extraordinario en relación a la Alerta.
Aquí también, a pesar del abuso de modificaciones en los instrumentos como las Leyes de Acceso, lo cual sucede en SLP, si vamos a la General que aplica para todo México, veremos que los verbos rectores son iguales a los de la Convención de Belém Do Para (Prevenir, Sancionar, Erradicar), a cada nivel le corresponde una determinada responsabilidad: crear modelos de atención jurídica o psicológica, producir acompañamientos, ejecutar medidas de protección, brindar servicios de reeducación, crear refugios, tipificar conductas, investigarlas, sancionarlas etc.
Hay fallos cuando estos sistemas no se crean, o lo hacen a nivel simbólico (son escasamente funcionales) cuando se interviene en las facultades de otras autoridades o hay poca comunicación para canalizar de manera adecuada
A: Las autoridades municipales destacan reducciones en feminicidio y violencia familiar. ¿Estos casos reflejan que la violencia de género sigue siendo estructural, aunque no siempre visible en las estadísticas?
CEA: Recientemente los discursos a nivel federal, estatal y municipal han manifestado disminuciones para proveer validez a estos lemas por ejemplo de que a razón de la llegada de una mujer al Ejecutivo Federal “llegamos todas”.
Sabemos que eso no es así, la violencia feminicida constituida por distintos ámbitos en donde las mujeres padecen agresiones no se detiene por medio de palabras ni de reacciones como la que tuvo la presidenta al haber sido víctima ella de un abuso sexual. La violencia contra las mujeres también se mide de manera distinta porque las víctimas acuden a diversos espacios de acuerdo a sus circunstancias, puede ser una atención médica, una llamada de 911, una visita al DIF, una denuncia etc.
Miles de actos cotidianos por lo que se pide atención, pero no justicia siendo que por discriminación sexual estamos socializadas en integrar las agresiones como parte de nuestro cotidiano sin importar el nivel socio económico o el grado de estudios, etc.
A: En el contexto de la intención del municipio de salir de la Alerta de Violencia de Género, ¿qué mensaje se envía a la sociedad cuando ocurre un hecho de esta magnitud?
CEA: Que hace falta información. En el Informe de violencia contra las mujeres donde aparece la incidencia delictiva y las llamadas de emergencia al 911 (y a pesar de que su metodología tiene muchas áreas de oportunidad), se han expuesto las carpetas de investigación iniciadas ante las Fiscalías del país por delitos como el feminicidio, la violencia familiar, lesiones, violación etc.
En cuanto a la incidencia que son carpetas de investigación de denuncias o querellas por delitos específicos donde la víctima puedes ser una o varias mujeres hubo en 2025 en el estado: siete feminicidios, 20 homicidios dolosos y 58 culposos, mil 897 lesiones dolosas y 211 culposas, 611 violaciones además de 9 mil 964 por violencia familiar debido a lo cual ocupamos el octavo lugar a nivel nacional en ese rubro.
Aunque el municipio no está entre los primeros 20 a nivel nacional con mayor número de feminicidios, sí presenta otra incidencia apenas por ser el más poblado. La Alerta de Violencia se decretó en San Luis Potosí (911,908), Soledad de Graciano Sánchez (332,072), Ciudad Valles (179, 371), Matehuala (102,199), Tamazunchale (95, 037) y Tamuín (36,968).
La simbiosis entre los fenómenos de delincuencia contra mujeres, se unifican también con Soledad y debe tomarse en cuenta la dinámica que allí sucede. Ni antes hubo razones pertinentes para retirar la AVG ni las hay ahora, ese propósito de año nuevo es del Estado.
A: ¿Qué ajustes urgentes deberían hacerse en las políticas municipales para evitar que estos crímenes sean tratados como hechos aislados dentro de un discurso de mejora en seguridad?
CEA: Ello depende del alcance que hasta ahora exista en su programa de prevención en tanto las atenciones y acompañamientos que se brindan tomando en cuenta el número de población en general y el de mujeres en concreto. El municipio, como el ente más pequeño de la administración pública tiene una participación de conformidad con el artículo 50 de la LGAMVLV, si existe apego a tales atribuciones habrá coherencia en los proyectos.
A: Desde el nivel estatal, ¿cómo se articula la responsabilidad del gobierno del estado cuando ocurren feminicidios en municipios que reportan mejoras en sus indicadores de seguridad y violencia de género?
CEA: La decisión en la estrategia discursiva no es administrativa sino política, es recomendable tomar en cuenta que las mujeres constituyen más de la mitad de la población, no es un grupo vulnerable ni una minoría y no puede ser atendido con asistencia social nada más, sino como la ciudadanía que representa.
El artículo 49 indica que todas las entidades federativas tienen la responsabilidad de instrumentar y articular sus políticas públicas y acciones en concordancia con la política nacional integral desde la perspectiva de género para prevenir, atender, sancionar y erradicar la violencia contra las mujeres.
Debe haber por cada estado un programa específico en el tema, pero además habría que considerar si es o no es una prioridad, en SLP lo ha sido por momentos, por ejemplo, el 31 de agosto de 2018 el ciudadano gobernador emitió un mensaje de cero tolerancia en el marco de la Expo Género 2018, en un evento que según “fue cubierto por diversos medios de comunicación y difundido a través de páginas oficiales del gobierno y redes sociales”.
La realidad es que cumplió con esa medida en un evento ajeno y a las prisas y esa reacción machista con la AVG de que haya más prisa por deshacerse de ella que por atenderla es una herencia maldita plenamente aceptada e integrada. Luego es una decisión política.
A: ¿Considera que el estado cuenta actualmente con los mecanismos de supervisión, seguimiento y evaluación suficientes para garantizar que la baja en cifras se traduzca en una protección real y sostenida para las mujeres en todo San Luis Potosí?
CEA: No. Considero que igual que sucede a nivel federal la violencia contra las mujeres se niega o se evade, aunque sea un fenómeno criminal importante y persistente porque no hay estrategia o prioridad política.
