Estela Ambriz Delgado
Agua para Todxs, Agua para la Vida recaba firmas para exigir una ley general que garantice el derecho humano al agua, en el marco de la discusión de las iniciativas que se lleva a cabo en la Cámara de Diputados, en respaldo de las propuestas ciudadanas, resultado de parlamentos abiertos en diversos estados de la República que fueron presentadas esta semana.
La organización invita a la ciudadanía a unirse a la defensa del agua y a la exigencia de una Ley General de Aguas que garantice el acceso a su abastecimiento para toda la población, a través de su firma en el enlace: https://actionnetwork.org/letters/urge-defender-el-agua?source=direct_link&.
Alertan que la Cámara de Diputados está a punto de votar una iniciativa que conserva la estructura de la “ley salinista”, la Ley de Aguas Nacionales, que consiste en la privatización, permisividad frente a la contaminación, impunidad fiscal y vacíos para oportunidad de corrupción, así como falta de mecanismos que garanticen agua para los pueblos indígenas, sistemas comunitarios, núcleos agrarios, y pequeños agricultores.
El pasado lunes 17 en la Ciudad de México, Agua para Todxs, la Contraloría Nacional Autónoma del Agua (CNAA), y representantes de 16 estados —entre los que se encuentra San Luis Potosí—, entregaron sus propuestas para la nueva Ley General de Aguas a integrantes de la Comisión de Recursos Hidráulicos, tanto de la Cámara de Diputados como del Senado, y legisladores del Partido del Trabajo (PT) y Morena.
Entre dichos planteamientos, recabados en diversos foros de Parlamento Abierto Ciudadano que cada estado realizó desde inicios del mes de noviembre, destacó la urgencia de garantizar el derecho humano al agua y al saneamiento por encima de cualquier otro interés mercantil, así como la recomendación de abrogar la Ley de Aguas Nacionales (LAN) por ser incompatible con el acceso equitativo y sustentable al agua, a través de la participación ciudadana y gubernamental.
En el parlamento de San Luis Potosí, las principales propuestas fueron: prohibir el uso del agua para fracking, minería tóxica, y cultivos transgénicos, además del respeto del derecho de los pueblos y comunidades indígenas a la administración y gestión de fuentes de agua en sus territorios.
