Fernanda Durán
La presidenta del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, Lourdes Anahí Zarazúa Martínez, reconoció que su reciente reunión con el gobernador Ricardo Gallardo Cardona tuvo como propósito abordar necesidades presupuestales y solicitar respaldo institucional para el Poder Judicial, particularmente ante los requerimientos que implica la implementación del Código Nacional de Procedimientos Civiles y Familiares, que transformará el sistema actual hacia la oralidad.
Al ser cuestionada sobre el encuentro, la magistrada lo justificó al señalar que la coordinación entre poderes resulta necesaria para enfrentar los cambios operativos que exige este nuevo modelo.
“Como lo dijimos desde el primer momento, necesitamos estar en colaboración los tres poderes, porque finalmente, por ejemplo, los temas de ayer, pues están relacionados un poco con varias cuestiones de presupuesto, el apoyo que se nos pueda brindar, precisamente para estar en la actitud de poder afrontar las cuestiones inherentes, sobre todo lo que es la implementación del Código Nacional de Presupuestos Invisibles”.
Sin embargo, aunque se trata de una reforma nacional con plazos definidos, la presidenta del tribunal admitió que el Poder Judicial aún no cuenta con una estimación clara del recurso que necesitará, pues apenas han comenzado a revisar los requerimientos financieros y, por ahora, no es posible precisar montos ni tiempos.
Zarazúa Martínez reconoció que uno de los principales desafíos es la falta de infraestructura y personal capacitado para operar el nuevo sistema, debido a que la transición a la modalidad oral obligará a contar con salas especializadas y a reforzar la preparación del personal jurisdiccional, ya que los asuntos civiles y familiares tendrán que resolverse bajo este esquema.
Indicó que el problema es aún mayor fuera de la capital, donde el Poder Judicial tampoco cuenta con condiciones suficientes para aplicar el nuevo modelo.
“Son espacios, pero también, por ejemplo, no solamente son los espacios aquí en la capital, sino también al interior del Estado porque, insisto, ya los nuevos procedimientos serían de manera oral y se necesitaría contar con esas instalaciones, con el personal capacitado y el código trae grandes cambios”.
A esta situación se suma el incremento en la carga de trabajo, lo que ha presionado la capacidad operativa del tribunal en medio de este proceso de transición.
La magistrada atribuyó parte del rezago a la falta de personal técnico especializado, como secretarios de acuerdos y proyectistas, aunque confía en que la convocatoria en curso, cuyo examen se realizará el 25 de febrero, permita fortalecer las áreas y avanzar en la resolución de asuntos pendientes.
A seis meses de haber asumido la presidencia tras el proceso de elección judicial, Zarazúa Martínez pidió mesura en la evaluación de resultados y sostuvo que las transformaciones institucionales requieren tiempo.
“Los cambios no se generan de la noche a la mañana. Llevamos seis meses y estamos trabajando precisamente para sentar todas las bases”.
Incluso, afirmó que el Poder Judicial arrastra problemas estructurales que no han sido resueltos hasta ahora.
“Tenemos que ser muy conscientes y no traemos una varita mágica abajo de la manga para poder hacer un cambio de un Poder Judicial que no está naciendo con nosotros, es un Poder Judicial que tiene ya años”.
