Desiree Madrid
La ausencia de un nuevo esquema federal de regularización mantiene en una situación de indefinición legal a decenas de miles de dueños de vehículos de procedencia extranjera en San Luis Potosí.
Tras la conclusión del decreto que estuvo vigente hasta el 31 de diciembre de 2025, se calcula que entre 30 mil y 40 mil unidades quedaron fuera del padrón vehicular, sin posibilidad de completar su proceso de legalización.
Elizabeth Gómez Suárez, presidenta de la Asociación de Campesinos y Trabajadores en Lucha por tu Patrimonio (CTLP), señaló que el término del programa no sólo detuvo trámites en curso, sino que también dejó a los propietarios en una posición de mayor vulnerabilidad.
Explicó que muchos de estos vehículos son utilizados como medio de subsistencia, ya sea para el trabajo diario, el traslado familiar o el desarrollo de actividades comerciales y del sector agrícola.
La representante recordó que el decreto, puesto en marcha en abril de 2023, permitió durante poco más de dos años la regularización a gran escala de vehículos usados, algo que no ocurría desde 2005.
Si bien consideró que el balance general fue favorable por la cantidad de unidades que lograron incorporarse a la legalidad, admitió que el programa tuvo deficiencias, entre ellas la aceptación de modelos demasiado antiguos que ya no cumplían con estándares ambientales.
En ese escenario, Gómez Suárez indicó que el Gobierno Federal analiza la emisión de un nuevo decreto aduanero. Este contemplaría la importación definitiva mediante pedimentos, el pago correspondiente de aranceles e IVA, así como reglas de operación más estrictas y un mayor control a través de agencias aduanales. De acuerdo con lo planteado, la regularización podría limitarse a vehículos de modelos más recientes, posiblemente a partir de 2010.
La dirigente enfatizó que, mientras no exista una definición clara sobre el nuevo marco legal, es fundamental que las autoridades federales, estatales y municipales eviten actos de hostigamiento o posibles extorsiones contra quienes poseen este tipo de unidades.
Añadió que la CTLP ya ha buscado diálogo con distintas corporaciones de seguridad para garantizar que se respeten los derechos de los conductores.
Por último, afirmó que la asociación continuará ofreciendo acompañamiento jurídico y asesoría a sus integrantes, además de mantener gestiones ante instancias federales y legislativas. El objetivo, dijo, es impulsar un nuevo mecanismo de regularización que brinde certeza legal y patrimonial a miles de familias en San Luis Potosí.
