Astrolabio

Alejandro Rubín de Celis

Se sentía amordazado porque quería gritarlo a los cuatro vientos aunque ya todo mundo lo sabía. Su solicitud de registro como precandidato del Partido Verde Ecologista de México (PVEM) a la gubernatura del Estado ─para efectos prácticos candidato único desde ahora por ese partido─ le permitió a Ricardo Gallardo Cardona hablar abiertamente de sus aspiraciones. Se veía feliz y sonriente cuando se presentó a firmar su solicitud.

Pero no todo es miel sobre hojuelas para el diputado federal. Sobre él pesan dos denuncias presentadas ante la Unidad de Inteligencia Financiera de la SHCP, y una más  por el delito de defraudación fiscal por 9.1 millones de pesos en torno a la cual, pese a que un juez ha declarado el no ejercicio de la acción penal, la Secretaría de Hacienda tramitó un amparo contra dicha resolución y el caso todavía está en litigio. También está pendiente una resolución del INE que abrió un procedimiento sancionador en su contra por propaganda personalizada en plena época de pandemia.

Asimismo, la sentencia del amparo indirecto 16/215 que absolvió a Gallardo Cardona del delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita y lavado de dinero en diciembre de 2015, deja abierta la posibilidad de que se le juzgue por el desvío de 209 millones 911 mil 506.23 pesos de las arcas del Ayuntamiento de Soledad de Graciano Sánchez que fueron a dar a sus empresas, si el delito aún no prescribe. El fallo del magistrado del Segundo Tribunal Unitario del Quinto Circuito, Ricardo Martínez Carbajal, no deja lugar a dudas: “… en todo caso, por cuestiones obvias, pudiera referirse a la indebida distracción de las arcas municipales realizada por el quejoso, ello, como se dijo, si bien pudiera actualizar una diversa conducta delictiva ─las negritas son del autor de esta columna─ pero no el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita, como incorrectamente se determinó por la autoridad responsable…”.

Por supuesto ahora goza de fuero por ser legislador federal y eso lo protegerá mientras no pida licencia, pero en cuanto lo haga quedará vulnerable ante una eventual orden de aprehensión en su contra, como le sucedió aquel el 6 enero de 2015, fecha en que fue detenido acusado de realizar operaciones con recursos de procedencia ilícita y por lavado de dinero, apenas cuatro días después de haber solicitado licencia como alcalde de Soledad.

Además de las críticas recibidas por algunos columnistas locales y nacionales en meses recientes, el pasado 2 de noviembre Gallardo Cardona recibió un duro golpe de un medio informativo de circulación nacional. El periódico Reforma publicó en sus versiones impresa y digital una nota en la sección de estados que tituló: Entra fichita del PVEM a contienda por SLP, que permaneció publicada al menos hasta el día de ayer.

Queda claro pues que el polémico político no las tiene todas de su lado… pero sí varias que la abulia de las autoridades competentes y la impunidad le han permitido.

En la coyuntura actual, su caso es quizá el más emblemático de todo lo que no se debe hacer en la búsqueda de un cargo de elección popular: engañar a electores con promesas demagógicas, entregar dádivas sin rendir cuentas sobre el origen de los recursos con los que se pagan, realizar abiertamente actos anticipados de campaña, emplear recursos de un ayuntamiento ─el de Soledad de Graciano Sánchez, en el que mantiene un control absoluto sobre el alcalde en funciones─ para hacer propaganda a su favor, estar presente en cuanto acto oficial importante hay en ese municipio, y desobedecer abiertamente medidas oficiales en una situación extraordinaria como es la pandemia de la Covid-19.

A estas alturas, Ricardo Gallardo Cardona ha realizado ya una importante cantidad de reuniones en buena parte del estado con grupos pequeños y medianos, y otros con mayor asistencia, que podrían considerarse como mítines de campaña, de no ser porque no son los tiempos oficiales para llevarlos a cabo.

Ya anunció que el 10 de noviembre comienza su precampaña ─esa, sí, fecha oficial para iniciar esa actividad─ cuando ha realizando actos anticipados prácticamente desde que inició como diputado federal en septiembre de 2018. Gallardo junior aparece al lado del alcalde Gilberto Hernández Villafuerte prácticamente en todos los actos y ceremonias importantes como es la inauguración de obras en Soledad de Graciano Sánchez para “taparle el ojo al macho”, pues todo mundo sabe que él es el poder tras el trono.

En ese y otros municipios de la entidad, obsequia cualquier cantidad de dádivas de acuerdo a los públicos con los que se reúne, sube videos a redes sociales en los que presume ser un legislador responsable que trabaja por el bien común y también  aprovecha esos espacios para denostar a sus críticos y adversarios, tal como si estuviera en plena campaña electoral.

El primer día que se declaró oficialmente la pandemia en el país ─18 de marzo de este año─, entregó 200 toneladas de limón y naranja en colonias pobres de la capital y municipios de la Huasteca ─donde no se respetaba la sana distancia ni el uso de cubrebocas─, argumentando que era para contribuir al fortalecimiento del sistema inmunológico de las personas, y regaló al menos siete túneles desinfectantes a hospitales públicos en los municipios de San Luis Potosí y Matehuala.

Sobre todas estas entregas y dádivas no ha dado una sola explicación relacionada con el origen de los recursos con los que se pagan. En el único espacio en el que aparece como el que paga por los anuncios es en Facebook, y eso porque es nueva exigencia de esa red social que se identifique quién paga los mensajes, lo que no es absoluta garantía de que sea Ricardo Gallardo Cardona quien realmente lo haga… de su bolsillo.

Las reuniones cada vez más frecuentes que lleva a cabo con grupos de personas sin tener todos los cuidados sanitarios requeridos son una muestra clara de que el ex alcalde de Soledad no tiene el más mínimo escrúpulo por proteger la salud de las personas que acuden a esos eventos, sino que lo apoyen en su aspiración por llegar a la gubernatura del estado.

Y la gran pregunta es ¿dónde han estado las autoridades de salud, las de seguridad pública y las electorales para evitar todas estas acciones proselitistas, algunas de las cuales ponen en riesgo la integridad física de las personas, y poner un alto a las ambiciones sin límite de este cuestionado personaje? El INE abrió un proceso sancionador contra Gallardo y otros 71 políticos del país por presunta propaganda personalizada abusando de la pandemia ─entre quienes también está el alcalde Xavier Nava Palacios─. Sin embargo, a cuatro meses de distancia ─el procedimiento se anunció el 30 de junio de este año─ no se sabe de alguna sanción o que esos deleznables actos hayan tenido alguna consecuencia.

Desafiante, al conocer el inicio del proceso por parte del INE, Gallardo Cardona se jactó de que seguiría con sus actividades de apoyo a la gente durante la pandemia ─cuyo fin real es la manipulación y la compra de votos─, a sabiendas de que podía ser sancionado. Por supuesto, la impunidad es lo que le ha dado la pauta para dar rienda suelta a mantener y aumentar sus actividades proselitistas.

¿Cuántas personas se habrán infectado ya en sus reuniones y éstas contagiado a otras?, ¿Cuántas más se tendrán que infectar hasta que las autoridades de salud y otras que tengan competencia detengan la desenfrenada intención del diputado federal de celebrar reuniones públicas y privadas sin las suficientes medidas sanitarias?, ¿Cuánto dinero más se gastará este aspirante sin rendir cuentas a nadie en su afán por ser gobernador?, ¿Cuánta ventaja más sobre sus futuros contendientes le dará el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana y el propio INE para que siga realizando actos ilegales para ganar votos en los comicios del año próximo?

En el terreno simbólico y en franca violación a la ley, el ayuntamiento de Soledad ha estado pintando guarniciones de banquetas de verde, el color oficial del Partido de Gallardo Cardona.

El artículo 337 párrafo cuarto de la ley electoral del estado es muy claro en cuanto a las sanciones que se deben aplicar por actos anticipados de campaña: “Las precandidatas y precandidatos a candidaturas a cargos de elección popular que participen en los procesos de selección interna convocados por cada partido, no podrán realizar actividades de proselitismo o difusión de propaganda por ningún medio, antes de la fecha de inicio de las precampañas; la violación a esta disposición se sancionará con la negativa de registro como precandidata o precandidato”. Más claro ni el agua.

Por cierto, esa disposición no sólo se le debería aplicar a Gallardo sino a varios adelantados que buscan un cargo de elección popular en el 2021.

 

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