María Ruiz
Las quejas de vecinos por el ruido de las clases, problemas de tránsito y obstrucción de cocheras fueron los motivos que llevaron al Ayuntamiento de San Luis Potosí a clausurar el gimnasio Beat Cycle Train, ubicado en avenida Tatanacho, defendió Ángel de la Vega, director de Comercio municipal.
El funcionario aseguró que entre las personas que reportaron afectaciones se encuentra una familia cuyo hijo con autismo vive pared con pared con el establecimiento, así como una persona enferma de cáncer que tuvo que cambiarse de habitación para evitar el ruido de las actividades del gimnasio.
En un video difundido por la Dirección de Comercio, De la Vega afirmó que las inconformidades comenzaron desde el 15 de mayo y que la dependencia intervino para atender tanto a las propietarias como a los habitantes de la zona.
Como parte de las actuaciones municipales, indicó que el 27 de mayo se realizó una primera clausura, pero se concedió a las emprendedoras un plazo de 45 días para regularizar el negocio. Posteriormente, a solicitud de las propietarias, se otorgó una licencia provisional por otros 90 días para que reunieran los requisitos necesarios.
El director explicó que durante ese periodo se realizaron dos consultas vecinales, el 11 y el 20 de agosto, cuyos resultados fueron desfavorables para el establecimiento. Aunque reconoció que las propietarias entregaron documentos de anuencia vecinal, sostuvo que estos no reemplazaban la valoración de las consultas ni los requisitos establecidos en el Reglamento de Actividades Comerciales.
Por ello, el 28 de octubre se determinó improcedente conceder la licencia de funcionamiento y se ordenó una nueva clausura. De acuerdo con el funcionario, durante esa intervención el representante legal del gimnasio impidió que los inspectores colocaran los sellos oficiales.
También señaló que las propietarias promovieron un juicio de amparo, pero el 30 de octubre y el 9 de noviembre las autoridades judiciales negaron tanto la suspensión provisional como la definitiva. Pese a esas resoluciones, aseguró que el personal de inspección documentó que el establecimiento continuaba operando el 5 de noviembre.
La clausura se concretó el 10 de noviembre, cuando finalmente fueron colocados los sellos en el inmueble.
De la Vega también advirtió que el conflicto entre habitantes de la zona y personas relacionadas con el gimnasio ha generado tensiones que estuvieron cerca de convertirse en enfrentamientos físicos, por lo que sostuvo que la intervención municipal busca evitar que las diferencias escalen.
Las declaraciones del director ocurren después de que las propietarias difundieran un video en redes sociales en el que denunciaron presuntos abusos de Comercio, obstáculos para obtener sus permisos y presiones para retirar la publicación, bajo el argumento de que perjudicaba la imagen del alcalde Enrique Galindo Ceballos.
Frente a esos señalamientos, el funcionario aseguró que el Ayuntamiento ha mantenido abiertos los canales de diálogo. Precisó que el 11 de noviembre las propietarias participaron en una reunión en la Secretaría General, con presencia del área jurídica, y que un día después se recibió a los vecinos inconformes para buscar alternativas de conciliación.
El director sostuvo que la autoridad municipal debe considerar tanto la inversión y los empleos que genera el gimnasio como el derecho de las familias a vivir sin afectaciones por las actividades comerciales.
“No estamos en contra del gimnasio ni de sus propietarias. Estamos a favor de una ciudad donde los negocios puedan operar, generar empleos y prosperar, pero también donde los vecinos puedan vivir tranquilos”, afirmó.





