Luego de un camino por demás accidentado, de cuestionamientos legítimos o no y de un boicot permanente de opositores y de buena parte de los poderes fácticos, este domingo finalmente se realizará la jornada electoral para renovar el Poder Judicial en México.
Más allá de las posturas a favor y en contra de todo el proceso, en lo que pareciera haber coincidencia es en la necesidad de reformar un poder anquilosado e indefendible en su mayoría, corroído de tomo y lomo (de acuerdo con la reciente encuesta del periódico El País, el 72% por ciento de personas consultadas considera necesaria la reforma), plagado de nepotismo y controlado históricamente por las élites económicas.
La campaña furibunda que durante meses han mantenido esas élites a través de sus medios de comunicación y voceros e incrementada en las últimas semanas con sus llamados a no votar, se explica en buena medida por lo anterior: por lo que supone perder ese último reducto que aún controlaban tras la sacudida que ha representado en estos años la llegada de un nuevo régimen.
Vale la pena recordar que la propuesta de reforma el Poder Judicial fue parte del programa político que de forma abrumadora se votó en la elección presidencial de 2024, en que se impuso Claudia Sheinbaum con casi el 60 por ciento. Fue una propuesta materializada en el Plan C, delineado por el presidente Andrés Manuel López Obrador para lograr una mayoría calificada en las cámaras legislativas que hiciera posible dicha reforma, entre otras. Lo que siguió fue el tránsito de la iniciativa por un tortuoso proceso legislativo hasta volverse un mandato constitucional, que es el que convoca a votar este domingo.
Desde luego que la reforma judicial no es la ideal: fue apresurada en su planeación y mal ejecutada a nivel legislativo. El resultado es una elección compleja aún para quienes poseen un nivel de información por encima del promedio y pueden distinguir las funciones que realizan los múltiples impartidores e impartidoras de justicia que se elegirán a través de las seis boletas del ámbito federal, más las de carácter local, así como los perfiles de quienes aspiran a llegar a dichos cargos. Tampoco hay evidencia empírica y comparativa que respalde lo que vendrá y falta aún emprender igualmente una reforma a fondo de las fiscalías y el sistema de procuración de justicia.
También, las listas y “acordeones” para votar en la elección del domingo que se han multiplicado en los últimos días para inducir u orientar el voto, son una distorsión del sentido original de la reforma para que sea el ciudadano de a pie quien elija a sus impartidores de justicia. Una distorsión atribuible al mecanismo con que se diseñó la reforma.
No obstante, pese a esas imperfecciones, a lo laberíntico que resultará la elección del domingo (o las varias elecciones) con una sobrecarga de candidatos y boletas, pese a la desinformación prevaleciente, a las restricciones impuestas por la burocracia del Instituto Nacional Electoral para la promoción de la reforma, así como al boicot desde diversos frente, la elección de este domingo es en los hechos un ejercicio de democracia participativa que debería alentarse, como una expresión que pretende involucrar al ciudadano en la toma de decisiones, más allá de las distorsiones que se presentan. Sobre todo, es la posibilidad de renovar de raíz, con el voto popular, el poder y el sistema judicial del país, algo inédito en la mayoría de democracias.
En el caso de México, en el que durante un largo periodo del siglo XX se tuteló al ciudadano y la participación social cancelando en la práctica política el derecho al voto, el que ahora se tenga la posibilidad de participar de forma directa en asuntos como éste (eligiendo a quienes habrán de impartir justicia) no es un hecho menor ni debería desestimarse, por más urticaria que genere en diversos estamentos las políticas y acciones del gobierno de la llamada cuarta transformación.
También, lo que subyace tras este debate y el griterío, es de algún modo una tensión no resuelta entre la democracia representativa en su acepción liberal/burguesa, y la dimensión de la democracia directa/participativa en la cual no es solo una élite la que toma decisiones, sino que es el ciudadano de a pie quien tiene la posibilidad y el derecho a participar en las decisiones que lo afectan. Eso es también lo que está en juego: nuevas formas de participación política para involucrar al ciudadano en la toma de decisiones, algo que repudia la comentocracia liberal.
Se trata al final de un debate que no es nuevo en absoluto, pero que cobra mayor visibilidad en la etapa actual que se vive en México con un gobierno federal que apuesta claramente por el impulso de mecanismos de democracia directa y así lo ha establecido a nivel constitucional con figuras como la consulta popular o la revocación del mandato, figuras que pueden ser perfectibles como toda acción política.
Quienes desde diversos espacios descalifican la elección con el argumento predominante de que no votarán para no “legitimarla”, pues con ella se “demolerá” la independencia de un poder (“el mayor descalabro nacional desde la pérdida de territorio”, escribió en Milenio un iracundo Carlos Marín; “No votarás el fin de la justicia, no votarás la muerte de la República”, advirtió en tono apocalíptico Enrique Krauze), son en su mayoría los segmentos opositores a todo lo que haga el gobierno federal, antes con el presidente López Obrador y hoy con Claudia Sheinbaum. Representantes de las élites económicas e intelectuales mediáticos, para quienes ejercicios como la elección del domingo conducen al país a una supuesta “deriva autoritaria”.
Al final, se trata del mismo discurso mantenido en los últimos años, que solo se amolda a la coyuntura ante la incapacidad de formular un proyecto alternativo y una propuesta política que entusiasme a los electores.
Las encuestas publicadas esta semana en diversos medios como El País o el diario El Financiero estiman una participación cercana al 22%, en tanto que el INE la estimó entre el 13 y 20 por ciento, similar a la que hubo para la revocación de mandato en 2022. de electores. Es posible que sea así, pues se trata de una elección por demás compleja en la que solo la perspectiva del tiempo podrá expresar el impacto positivo o no que tenga en la vida cotidiana y la impartición de justicia en México.
Más allá de todo ello, la elección es una oportunidad de participar activamente como ciudadanos con plenos derechos. Un domingo pues, para salir a votar.
Las opiniones aquí expresadas son responsabilidad del autor y no necesariamente representan la postura de Astrolabio.
Licenciado en Ciencias de la Comunicación. Fue reportero fundador de los periódicos El Ciudadano Potosino y La Jornada San Luis. Es autor del libro La batalla por Cerro de San Pedro, sobre la lucha social contra la Minera San Xavier. Correo: eltiempocontado@gmail.com
