Astrolabio

Antonio González Vázquez

La presencia de corrupción en San Luis Potosí es incontestable, de modo tal que resulta imposible negarla: el 16.7 por ciento de los potosinos mayores de 18 años y más han sido víctimas de ese delito, con lo cual la entidad ocupó el cuarto lugar a nivel nacional en el indicador de prevalencia de corrupción.

El próximo 9 de diciembre se celebrará el Día Internacional Contra la Corrupción, pero en San Luis Potosí no hay nada que celebrar dado que el combate a ese ilícito ha resultado infructuoso.

Con vistas a esa conmemoración, el Instituto Nacional de Estadística y Geografía dio a conocer hoy datos que dejan muy mal parado al estado en materia de corrupción.

En prevalencia de corrupción, con el 16.7, la entidad se colocó por encima de la media nacional, que fue de 14.6.

Con datos de 2015 y 2017, el informe reporta un incremento de 5.8 por ciento de la corrupción.

Pero el fenómeno es más grande de lo que nadie se pueda imaginar, ya que el estudio refiere que en San Luis Potosí, el 85.2 por ciento de las víctimas de actos de corrupción no denuncia los hechos.

Entre las razones de por qué las víctimas de la corrupción no denuncian, el 26.4 por ciento dice que es inútil; el 20.6 por ciento, por ser una pérdida de tiempo, y el 13.6 por ciento, porque la corrupciones una práctica común.

Detalla, además, que en los órganos de control interno de las instituciones públicas, el número de demandas en contra de servidores públicos es mínimo: la tasa por cada cien servidores públicos de quejas y/o denuncias en 2018, fue de apenas 0.6 por ciento.

Eso no es sin embargo lo más grave, dado que de 266 investigaciones iniciadas a funcionarios públicos sospechosos de corrupción, tan solo se iniciaron 18 procedimientos.

El año pasado, dice el Inegi, en San Luis Potosí solamente fueron sancionados 40 funcionarios públicos.

Todo lo anterior es contradictorio si se toma en cuenta de que San Luis Potosí cuenta con un Plan Anticorrupción y leyes aprobadas en esa materia.

Los trámites en los que se presentan los mayores porcentajes de víctimas de actos de corrupción de los funcionarios en todos sus órdenes y niveles de gobierno, son los siguientes: contacto con autoridades de seguridad pública, permisos relacionados con la propiedad, trámites ante el Ministerio Público y trámites en juzgados y tribunales

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