Por Victoriano Martínez
“Dejen en paz nuestra madre tierra. No contaminen nuestros arroyos, ríos y manantiales. No destruyan nuestra fauna. No queremos más fraccionadores rateros…”, con esas palabras iniciaba una advertencia que la comunidad de San Marcos Carmona colocó en un espectacular en el acceso al fraccionamiento Fuerte Ventura a mediados de 2020.
Para entonces ya llevaban cinco años de enfrentar un acoso inmobiliario que se había apropiado de al menos 65 hectáreas del territorio de su Comunidad para construir los fraccionamientos Ojaranza, Fuerte Ventura, Forja Real, Cimera Residencial y Loma Real.
Se trataba de la continuación de un esquema de negocios a costa del despojo del territorio a los comuneros con adscripción de comunidad indígena que había comenzado con la construcción del Libramiento Poniente en 2014, que afectó una superficie superior a 22 hectáreas sin que les hubieran pagado algún tipo de compensación por expropiación.
La construcción de aquella carretera atrajo a los fraccionadores y con ellos problemas para los comuneros.
Los desarrolladores inmobiliarios aplicaron un método para apropiarse de los terrenos que consiste en celebrar un contrato de compraventa privado para luego iniciar un procedimiento legal en tribunales para que un juez ordene su inscripción en el Registro Público de la Propiedad.
“Hecho lo anterior y ya con la sentencia de un juez y sus escrituras inscritas, éste presta nombres realiza la venta del predio en favor de personas morales” explicó a Astrolabio Diario Digital Lindsay Saldaña Candelaria, abogada de los comuneros, en julio de 2020.
Los comuneros se ven obligados a iniciar litigios para hacer valer su propiedad sobre la tierra, mientras los depredadores inmobiliarios avanzan en la construcción de los fraccionamientos que, problema adicional, atentan contra la integridad ambiental del territorio de la Comunidad, especialmente la contaminación del río Calabacillas.
En el litigio por el reconocimiento de su propiedad, los comuneros enfrentan la complicidad de los fraccionadores con los jueces y con las autoridades estatales y municipales que, desde entonces y hasta las actuales, se han confabulado para criminalizar las protestas de los dueños originales de las tierras y amedrentarlos incluso con acoso policial.
De poco ha servido que los comuneros hayan logrado en cuatro juicios de amparo la suspensión definitiva para impedir el avance de la depredación inmobiliaria, porque los empresarios inmobiliarios no paran de atentar contra su territorio y, lejos de ajustarse a la legalidad, con la complicidad del Poder Judicial estatal criminalizan su resistencia y los someten a procesos penales.
Y aunque los comuneros que fueron encarcelados por acusaciones sin sustento por parte de las inmobiliarias lograron la absolución, con múltiples irregularidades y encubrimiento del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, reactivaron el caso para dejar sin efecto la sentencia absolutoria y restituir la condenatoria.
Integrantes de la Clínica de Litigio Estratégico en Derechos Humanos, de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) que han asesorado a los comuneros de San Marcos Carmona llevaron el caso a los ministros Lenia Batres y Hugo Aguilar Ortiz, presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN).
Hoy el caso será tratado en la sesión del máximo Tribunal Judicial del país en una sesión en la que se tendrá que valorar los antecedentes que aquí se han sintetizado en exceso, pero que incluyen violaciones a derechos por despojo de propiedad social, discriminación contra un grupo indígena, daños ecológicos (derechos ambientales más allá de la comunidad) y abuso de autoridad por la confabulación entre fraccionadores, autoridades estatales y municipales y Poder Judicial Estatal.
Son los elementos que hoy habrán de ser valorados por la SCJN para atraer el caso. No es un asunto menor, es el prototípico acoso inmobiliario contra una comunidad como los que se replican por todos los rumbos del país contra comunidades y ejidos.
Una prueba para para que los ministros muestren qué tanta voluntad tiene para defender los derechos de comuneros y ejidatarios.
