Estela Ambriz Delgado
Habitantes de la comunidad San Marcos Carmona, respaldados por la Clínica de Litigio Estratégico de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP), presentaron un amparo por la omisión del Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona en realizar la consulta pública para la integración del Plan Municipal de Desarrollo, así como para la conformación de la Unidad de Asuntos Indígenas de esa demarcación.
Además, refieren que se ha incumplido lo que dispone el Acuerdo de Escazú en relación con la participación política en decisiones ambientales, lo que compromete la integridad del río Calabacillas.
El pasado viernes 3 de octubre, una representación de San Marcos fue acompañada por integrantes de la Clínica de Litigio para la presentación de la demanda, que como explicó el abogado e investigador Guillermo Luévano Bustamante, se origina por la inobservancia de su reconocimiento como comunidad indígena en noviembre de 2024, por el Instituto Nacional de Pueblos Indígenas (INPI).
Explicó que los habitantes sostienen que siempre se han considerado indígenas al habitar un territorio que posee una Cédula Real de 1591 —previo a la fundación de San Luis Potosí— que hace mención de la presencia del río y de los asentamientos chichimecas.
Sin embargo, durante mucho tiempo, a partir de diversos procesos en la historia, se invisibilizaron ante los riesgoso de asumirse incluso como indígenas, sobre todo los pueblos chichimecas que fueron combatidos. Mantuvieron algunas tradiciones y sistemas de cargos, que es lo que se identifica junto con la presencia en el territorio, y es presentado al INPI.
El doctor en Ciencias Sociales señaló que, al obtener su reconocimiento, el Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona fue notificado. A pesar de ello, no emprendió acciones contundentes que tienen que ver con el reconocimiento de derechos como comunidad indígena en el municipio.
En este sentido indicó que las comunidades indígenas tienen derecho a que se les consulte los planes municipales de desarrollo de manera previa, pública, libre, informada y culturalmente adecuada; lo que el Ayuntamiento no hizo.
Además, tienen el derecho a la creación de una Unidad de Asuntos Indígenas, establecido tanto en la Ley Reglamentaria del artículo 9 de la Constitución de San Luis Potosí, como la Ley Orgánica del Municipio Libre, que previenen que donde haya presencia indígena debe de haber unidades o direcciones que les den atención prioritaria, y a través de las cuales se transversalizan todas las políticas públicas de los municipios.
Luévano Bustamante detalló que el tercer reclamo del amparo es la omisión de aplicar el Acuerdo de Escazú, que es un tratado internacional en temas ambientales, firmado por México en 2018 y en vigor desde 2021, que obliga a que el Estado Mexicano a través de sus instancias, en este caso los ayuntamientos, deben consultar, promover la democracia y la participación política en temas ambientales.
“Ahí también establecemos que, al no contar ellos con presencia en el plan de desarrollo ni con sus unidades de asuntos indígenas, no pudieron plantear sus reclamos, sus indicaciones y sus demandas, que tienen que ver sobre todo con la protección del río Calabacillas y de su territorio en general, la defensa de su territorio. Y con ello se incumple también el Acuerdo de Escazú”.
Esta nueva demanda de amparo se suma al hecho de que el Ayuntamiento de Mexquitic de Carmona ha sido omiso a las cuatro suspensiones definitivas en los juicios ambientales promovidos en defensa del río Calabacillas, así como a los derechos sobre sus tierras y aguas, obtenidas desde el 12 de junio de 2023 y que obligan a que las autoridades municipales a garantizar su integridad, así como suspender las descargas de aguas residuales.
Inclusive en el mes de agosto se presentó un incidente de incumplimiento contra la autoridad municipal debido a que las empresas Promotora y proyectos Proaljo, entre otras, construyeron una barda y una pileta de tratamiento irregular de agua dentro del cauce del río, con el que algunos funcionarios podrían ser sancionados.
Al día de hoy continúan no sólo las descargas de aguas residuales de los fraccionamientos, sino también obras de construcción, además de una campaña de desinformación en la comunidad por parte de las inmobiliarias, con el fin de dividir a la población y denostar su reconocimiento como indígenas.
