Por Victoriano Martínez
Las multas aplicadas por la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (PROFEPA) a las empresas Heliservicios Internacionales y Operadora Vallarta Park, por el ecocidio ocurrido en el Sótano de las Golondrinas el 6 de mayo de 2024 son un avance en el caso que exhibe las omisiones de las autoridades locales para aplicar las sanciones que les corresponden y garantizar una real protección para ese Monumento Natural.
La denuncia por la muerte de miles de aves en el Sótano de las Golondrinas provocado por sobrevuelos de helicópteros contratados por la empresa hotelera Vidanta llegó primero a la Fiscalía General del Estado (FGE), pero su trámite ni siquiera empezó.
Hace un año, Manuela García Cázares, fiscal general del Estado, no sólo negó que se hubiera recibido la denuncia, sino que aseguró que se trata de un asunto del fuero federal, a pesar de que la Ley Ambiental del Estado señala delitos ambientales de orden estatal que se sancionan conforme al Código Penal del Estado, como los hechos ocurridos en el Sótano de las Golondrinas.
Esa falta de interés en el caso manifestada entonces por García Cázares varió para el mes de enero de este año, cuando ya no se dijo que no se había recibido la denuncia, sino que se encontraba extraviada.
La inacción de la FGE y las versiones encontradas sobre el trámite dado a la denuncia llevó a los representantes del Barrio Unión de Guadalupe de la comunidad tének de Tamapatz, Aquismón, a presentar una queja ante la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) que tampoco registra avances.
La queja en la CEDH en contra del Ayuntamiento de Aquismón, la Fiscalía General del Estado y la Secretaría de Ecología y Medio Ambiente (Segam), fue enviada a Ciudad Valles a pesar de que el domicilio para notificaciones era de la capital y aquí se encuentran dos de las autoridades señaladas.
Ante el reclamo, el expediente regresó a las oficinas de la CEDH en esta ciudad, aunque sólo para que de nueva cuenta se regresaran a Ciudad Valles, sin que hasta la fecha se conozcan avances en la integración de una posible recomendación en el caso.
Todos los trámites locales para que se sancione el ecocidio en el Sótano de las Golondrinas no avanzan, incluido el cumplimiento de acuerdos con Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental, la Secretaría General de Gobierno, el Instituto de Desarrollo Humano y Social de los Pueblos y Comunidades Indígenas del Estado (INDEPI), la Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH) y la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención a Víctimas (CEEAV) firmados el 10 de mayo de 2024.
El desinterés en la protección ambiental por parte de las autoridades estatales no sólo se manifiesta en la inacción en el caso del ecocidio, sino que en el propio Sótano de las Golondrinas no se ha elaborado el Plan de Manejo para las 285 hectáreas que abarca esa Área Natural Protegida de carácter estatal.
De nada sirve que la comunidad tének del Barrio Unión de Guadalupe denuncie con cierta regularidad esa omisión por parte de la SEGAM, porque desde el 15 de marzo de 2001 su declaratoria como ANP se mantiene sin plan de manejo.
La PROFEPA ha cumplido con una parte de la aplicación de sanciones por el ecocidio al multar y ordenar a las empresas el cumplimiento de medidas correctivas, con la presentación, en un plazo de 30 días hábiles, ante Profepa para su aprobación y posterior ejecución, de un programa integral. Que incluya aspectos sociales y ambientales a favor del Barrio Unión de Guadalupe, con medidas para mitigar y gestionar los impactos de la actividad perpetrada en el monumento natural.
La SEGAM, la FGE, la CEDH, el INDEPI y la CEEAV siguen en deuda con el Barrio Unión de Guadalupe y el Sótano de las Golondrinas, en una confabulación de autoridades locales entre las que no es novedad su desinterés por la protección del medio ambiente.
