Fernanda Durán
La crisis en la Universidad Autónoma de San Luis Potosí (UASLP) escaló al ámbito político, mientras la comunidad universitaria mantenía paros y protestas tras la presunta violación de una alumna de la Facultad de Derecho “Abogado Ponciano Arriaga Leija”, la presidenta de la Directiva del Congreso del Estado, Sara Rocha Medina, por iniciativa propia sugirió que el rector, Alejandro Zermeño Guerra, debía renunciar al cargo y lo responsabilizó de la falta de control y respuesta ante los casos de violencia de género dentro de la institución.
“Reprobamos los hechos, en cualquier tema y en cualquier lugar, pero obviamente es mucho más delicado cuando sucede dentro de la universidad. Yo creo que el rector debe de retirarse de ser rector, es importante que ya se vaya y deje a otra persona que pueda venir a trabajar con los alumnos”, declaró la diputada priista ante la pregunta expresa de algún llamado a la universidad ante las manifestaciones estudiantiles.
Rocha sostuvo que la UASLP atraviesa “grandes problemas” y que los recientes episodios en Derecho, Economía y Enfermería revelan una crisis de fondo, por lo que no sólo el rector debe rendir cuentas, sino también otros funcionarios universitarios.
“Aunque haya ya renunciado el director, no nada más el director tiene que ver… hay un coordinador administrativo que debe ser llamado a declarar como testigo porque sabe cómo estuvieron los hechos”.
Añadió que las autoridades universitarias han sido “no sólo omisas sino permisivas”, y que la máxima casa de estudios necesita una reestructuración completa.
“Si no pueden, que se vayan todos. Hacemos un llamado desde el Congreso del Estado para que no vuelva a pasar un solo hecho de estos en ninguna aula, de ninguna universidad, pública o privada”, subrayó.
Por su parte, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), Héctor Serrano Cortés, consideró que la UASLP debe asumir su responsabilidad institucional, más allá de la autonomía universitaria.
“Nunca se debe utilizar la autonomía como pretexto para cubrir situaciones tan denostables. Por mucho que quieran direccionarlo a una responsabilidad personal, hay una gran responsabilidad por parte de la universidad, no lo van a poder evadir”, expresó.
Serrano señaló que hasta ahora no ha habido una explicación pública clara de parte de las autoridades universitarias, lo que agrava la percepción de opacidad.
“El que calla otorga. Hasta ahora no hemos escuchado ningún posicionamiento formal; se puede presumir que sucedió una violación… Cualquier autoridad que pretenda encubrir un acto así debe ser sancionada conforme a la ley”.
El diputado adelantó que esta semana la Jucopo podría presentar un exhorto formal dirigido al rector y abrir la puerta a una revisión de la Ley Orgánica de la UASLP, que se había mantenido congelada por prudencia política.
“No descartamos revisar la Ley Orgánica de la universidad. Si bien respetamos su autonomía, no puede seguir utilizándose como escudo frente a actos que atentan contra la legalidad y la dignidad de las personas”.
Recordó que existe una iniciativa previa de la diputada Jacquelinn Jáuregui Mendoza, que podría retomarse para actualizar el marco normativo y garantizar mayores mecanismos de rendición de cuentas dentro de la institución.
La iniciativa más reciente de la diputada, que se retiró del Pleno, fue la reforma para obligar que las autoridades del Consejo Directivo Universitario como directores y consejeros también contaran con paridad en su integración, aunque los estatutos de la UASLP ya lo establecen.
Serrano Cortés precisó que las autoridades universitarias no deben limitarse a sanciones administrativas internas, sino actuar conforme a la ley penal. Además de separar a los agresores de la institución, la universidad está obligada a presentar la denuncia formal ante la Fiscalía General del Estado y aportar todas las pruebas que fortalezcan la carpeta de investigación.
“El delito debe perseguirse y llegar hasta las últimas consecuencias. Si hay encubrimiento de alguien, también debe sancionarse por esa conducta”, enfatizó, al advertir que cualquier intento de cerrar el caso con simples expulsiones equivaldría a un acto de impunidad institucional.
Piden sanciones penales, no sólo expulsiones
Serrano enfatizó que las medidas administrativas no son suficientes y que la universidad tiene la obligación de denunciar formalmente los hechos ante la Fiscalía al aportar pruebas que fortalezcan el caso.
“No basta con decir que la víctima está satisfecha y los agresores expulsados. El delito debe perseguirse y llegar hasta las últimas consecuencias. Si hay encubrimiento, también debe sancionarse”.
El tema será discutido el próximo jueves en sesión ordinaria, donde se prevé un posicionamiento conjunto de los grupos parlamentarios sobre la crisis universitaria.
Las declaraciones de Rocha y Serrano ocurrieron mientras crecen los rumores de una movilización para exigir la renuncia del rector, aunque la diputada no hizo alusión a esos llamados, sino que ella misma planteó la dimisión como una decisión necesaria.
El conflicto en la UASLP, que comenzó con una denuncia de violación en Derecho y se extendió con paros en múltiples facultades, ha trascendido los muros universitarios.
Hoy el debate sobre la autonomía, la transparencia y la responsabilidad institucional ha llegado al Congreso del Estado, donde ya se habla de revisar los límites de una universidad que, según palabras de sus propios legisladores, “ya no puede seguir mirando hacia otro lado”.
El diputado morenista Carlos Arreola Mallol llamó a una transformación estructural de la universidad, además de que el partido Morena “está del lado del pueblo y de los estudiantes”, quienes dijo han demostrado que la organización puede generar cambios reales.
Aunque reconoció que la destitución y expulsión de algunas personas son “acciones contundentes, no resuelven el problema de fondo”, pues la UASLP requiere una reorientación hacia el bienestar estudiantil y la participación democrática en la toma de decisiones.
“Necesitamos una universidad que se preocupe más por sus estudiantes que por ver qué despachos externos van a auditar. La universidad debe actualizarse, abrir sus espacios y escuchar a su comunidad”, expresó.
El legislador negó cualquier vínculo de su partido con los presuntos implicados en los hechos ocurridos en la Facultad de Derecho y acusó a grupos priistas de intentar “partidizar una tragedia”.
Sostuvo que Morena no tiene ninguna relación ni estructura formal con las personas señaladas y pidió que se permita a la Fiscalía General del Estado deslindar responsabilidades sin juicios previos ni revictimización.
Al mismo tiempo, planteó que la universidad debe democratizarse y dejar atrás lo que calificó como “una élite que se elige a sí misma”.
“El rector tiene en sus manos la oportunidad de transformar la universidad o quedarse en el conservadurismo. Puede pasar a la historia como el rector de la transformación o seguir como está. La universidad es del pueblo y al pueblo se debe”.
