Fernanda Durán
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) otorgó al Congreso del Estado un plazo de 20 días hábiles contados a partir del 25 de febrero para informar los avances concretos en el cumplimiento de la sentencia derivada de la Acción de Inconstitucionalidad 67/2023, luego de que se confirmara que el Consejo Estatal Electoral y de Participación Ciudadana (Ceepac) no organizará las consultas obligatorias.
De acuerdo con la lista de notificaciones del máximo tribunal, el requerimiento fue dirigido a la presidenta de la Directiva del Congreso, la diputada Sara Rocha Medina, con el apercibimiento de que, en caso de incumplimiento, podría imponerse una multa de hasta 120 Unidades de Medida y Actualización, es decir, de más de 14 mil pesos.
El acuerdo precisa que el Congreso deberá acompañar “copia certificada de las constancias necesarias” para acreditar avances reales en el cumplimiento de la ejecutoria.
El nuevo plazo surge después de que el Ceepac remitiera formalmente a la Corte la minuta de la reunión sostenida con el Poder Legislativo, en la que se dejó asentado que el organismo electoral únicamente podrá brindar “acompañamiento técnico y asesoría, dentro del ámbito de sus atribuciones”, y que “no se establecieron compromisos adicionales para el Ceepac en relación con la organización de consulta alguna”.
Ante este escenario, el diputado presidente de la Junta de Coordinación Política, Héctor Serrano Cortés, reconoció que la vía de delegar la consulta al órgano electoral quedó descartada.
“Agotamos la posibilidad a través del Ceepac, que a nuestro juicio es un órgano que puede garantizar un proceso equilibrado, equitativo (…) el Ceepac nos dice que no tienen posibilidades de hacerlo”, declaró en entrevista este 3 de marzo.
El legislador detalló que la negativa formal fue comunicada mediante oficio dirigido a la presidenta del Congreso, lo que obligó al Poder Legislativo a asumir directamente la organización del proceso consultivo.
Serrano explicó que en la reunión sostenida con la Corte se acordó formalizar el nuevo calendario de trabajo y que el Congreso presentará un protocolo para evitar que el ejercicio vuelva a ser impugnado, como ocurrió anteriormente.
“Lo más seguro es que nosotros a principios de abril ya tengamos el protocolo, las preguntas, los lineamientos y una reunión previa con la corte para que no haya una impugnación”.
Aunque las consultas de distintas reformas que ha realizado el Congreso del Estado han tenido un costo de 500 a 600 mil pesos, el diputado insiste que una consulta previa fue invalidada y representó un gasto cercano a los nueve millones de pesos, cifra que ahora se toma como referencia presupuestal.
“Para hacer esta consulta, que ustedes recuerdan ya se hizo, y se impugna y se vuelve a ordenar que se vuelva a realizar, que es lo que nos mortifica que en la anterior fueron cerca de 9 millones de pesos. La parte presupuestal nos deja como antelación los 9 millones, de 8 a 9 millones de pesos, es algo que ya hablé con la secretaria de Finanzas y lo que he acreditado con ella, pues es que lo intentamos de otra forma, con otros mecanismos, pero ya de acuerdo al compromiso con la Corte es impostergable no dar cumplimiento a esa sentencia”.
Aunque se exploraron alternativas institucionales para reducir costos y compartir responsabilidades, Serrano reprochó que, ante la postura del Ceepac, el Congreso deberá organizar directamente el proceso.
“Si finalmente el Ceepac no tiene interés en hacerlo (…) respetamos la decisión del Ceepac y eso nos obliga a hacerlo ya de forma directa nosotros”.
Indicó que existen dos consultas pendientes: la relacionada con discapacidad, que consideró más sencilla, y la consulta en materia indígena, que calificó como la más compleja.
“Vamos a revisar la ley a perfección para que se haga a través de los mecanismos que establece la propia ley indígena y no haya ningún cuestionamiento”.
El requerimiento de la Suprema Corte implica que el Congreso deberá demostrar avances tangibles en la construcción del protocolo, metodología y logística antes de que concluya el nuevo plazo. En caso contrario, el tribunal podría imponer sanciones económicas y mantener el expediente en fase de incumplimiento.
