Fernanda Durán
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) discutirá este jueves 29 de enero un proyecto de resolución en el que la ministra Lenia Batres Guadarrama plantea que el Congreso del Estado de San Luis Potosí actuó fuera de sus atribuciones al sancionar mediante juicio político a la exsíndica municipal de la administración 2018–2021, Alicia Nayeli Vázquez Martínez, al asumir funciones que correspondían exclusivamente al Poder Judicial de la Federación en la evaluación del cumplimiento de una suspensión de amparo.
El proyecto, cuya votación fue aplazada en septiembre pasado, plantea modificar la sentencia del Juzgado Tercero de Distrito y conceder el amparo por un motivo distinto al analizado originalmente, al considerar que el Congreso invadió la esfera competencial del Poder Judicial de la Federación al calificar de manera unilateral el supuesto incumplimiento de una suspensión judicial decretada en un juicio de amparo agrario.
De acuerdo con la ponencia, el problema central no radica únicamente en las irregularidades procesales advertidas durante la substanciación del juicio político, sino en que el Congreso del Estado resolvió cuestiones que correspondían exclusivamente a una autoridad judicial federal, particularmente determinar si se había incumplido o no una suspensión de plano dictada por un juzgado de distrito.
El proyecto sostiene que esa actuación vulneró el principio de división de poderes y excedió las facultades del Poder Legislativo local, por lo que la inhabilitación por 15 años impuesta carece de sustento constitucional. En ese sentido, la ministra propone que la protección federal se conceda por invasión competencial, al estimar fundado el agravio que la quejosa identificó como el de “mayor beneficio”.
La resolución planteada no valida el procedimiento del juicio político ni ordena su reposición en los términos originalmente fijados por el juez de distrito. Por el contrario, el proyecto establece que debe dejarse insubsistente todo lo actuado en el juicio político únicamente respecto de la exsíndica, al haberse emitido una resolución legislativa que se apoyó en valoraciones que correspondían al Poder Judicial de la Federación.
El documento aclara que los efectos del amparo no se extienden automáticamente al resto de los integrantes del Cabildo sancionados, ya que cada uno promovió juicios de amparo distintos, con momentos procesales y resoluciones independientes.
A diferencia del proyecto presentado en septiembre, en el que la ministra Lenia Batres planteaba sobreseer el amparo al considerar que el juicio político no podía ser revisado por la vía del amparo, el nuevo proyecto que se pretende votar el 29 de enero sí entra al fondo del asunto, al sostener que el Congreso del Estado invadió facultades del Poder Judicial de la Federación al sancionar a la exsíndica por un supuesto incumplimiento de una suspensión judicial, sin que existiera una determinación previa de la autoridad federal competente.
La discusión de este asunto adquiere especial relevancia luego de que, en junio de 2025, la Primera Sala de la SCJN resolvió el amparo en revisión 91/2024, promovido por el exalcalde Xavier Nava Palacios, en el que se determinó que el Congreso de San Luis Potosí incurrió en violaciones constitucionales al inhabilitarlo por 18 años, lo que obligó al Legislativo a dejar sin efectos dicha sanción.
El proyecto de Lenia Batres se inscribe en ese mismo contexto, al analizar el alcance del control constitucional sobre los juicios políticos y los límites de los congresos estatales frente a determinaciones judiciales federales, particularmente cuando se trata del cumplimiento de suspensiones dictadas en juicios de amparo.
Así, la votación del próximo 29 de enero podría definir el alcance del juicio político frente al control constitucional.
