Desiree Madrid
La secretaria de Comunicaciones y Transportes del estado, Araceli Martínez Acosta, calificó como “un acto ilegal de las minorías” la reciente manifestación de un grupo de taxistas en San Luis Potosí, en la que se realizaron detenciones de vehículos particulares.
La funcionaria sostuvo que los participantes no representan al gremio en su conjunto y en consecuencia explorarán la posibilidad de emitir sanciones que podrían llegar hasta la cancelación de concesiones.
“Vimos todos un acto ilegal de las minorías, un acto ilegal de un grupo de taxistas que son los mismos, que son los que siempre se han estado manifestando”, declaró.
Añadió que se trata de actores que “quieren seguir al frente del taxismo potosino, aunque no lo representan”, al tiempo que vinculó sus prácticas con etapas anteriores del sector al calificarlos como parte de la “herencia maldita”.
Martínez Acosta subrayó que durante la protesta se incurrió en conductas que rebasan el derecho a la manifestación, pues “de manera ilegal hicieron la detención de vehículos particulares”, lo que “no se debe permitir ni se debe tolerar”.
En ese sentido, confirmó que existe coordinación con la Fiscalía General del Estado (FGE) para dar seguimiento a denuncias que presentarían personas afectadas.
De acuerdo con la funcionaria, los hechos podrían configurar delitos como la privación ilegal del libre tránsito y, en algunos casos, de la libertad.
“Los particulares estarán presentando algunas querellas por esta privación ilegal de su libre tránsito y por la privación ilegal de su libertad”, explicó, al precisar que se está a la espera de la integración de las carpetas de investigación.
La dependencia estatal también analiza medidas administrativas contra los concesionarios identificados.
“Estamos esperando la integración de estas carpetas de investigación para, como nuestra ley lo marca, iniciar los procedimientos para cancelar las concesiones de los que participaron en este evento”, señaló.
Indicó que, aunque no se detectaron unidades en el sitio, se logró reconocer “al menos cuatro o cinco concesionarios” presuntamente involucrados.
La secretaria insistió en que el grupo que protagonizó la protesta es reducido frente al universo total de operadores.
“Son 5 mil 442 vehículos y ustedes vieron ahí los mismos 15 de siempre”, mientras que con “el 99 por ciento o 99.3 por ciento” del gremio existe trabajo coordinado.
En su posicionamiento, la funcionaria también abordó el tema de las plataformas digitales de transporte, una de las principales demandas del sector tradicional.
Reconoció que los taxistas cumplen con obligaciones como revista vehicular, refrendo, licencias y capacitaciones, mientras que los servicios por aplicación “no pagan ningún impuesto al Estado”. Aun así, esa disparidad no justifica acciones como las registradas.
“Sabemos que hoy hay otras alternativas de movilidad, que si bien es cierto no son regulares, pero eso no les da derecho a hacer este tipo de situaciones ilegales deteniendo a los vehículos particulares”, expresó.
Añadió que la prioridad institucional es la seguridad de los usuarios y la identificación de quienes prestan el servicio.
Finalmente, Martínez Acosta planteó la necesidad de avanzar en la regulación de estas plataformas mediante un esquema que incluya registro, cumplimiento de leyes locales y un análisis de capacidad operativa.
“Deberá hacerse un estudio de factibilidad para poder determinar cuántos vehículos de plataforma podrán andar en circulación”, dijo, al advertir que el reto es equilibrar la actividad económica sin afectar la seguridad ni la competencia en el sector transporte.
