Fernanda Durán
La última comparecencia a cargo de la secretaria de Comunicaciones y Transportes, Aracely Martínez Acosta, ante la Comisión de Movilidad, Comunicaciones y Transportes del Congreso del Estado, evidenció los principales retos que enfrenta el sector: el alto costo de los subsidios, la falta de regulación frente al transporte irregular y la necesidad de armonizar la legislación local con la Ley General de Movilidad, aunque la funcionaria destacó avances en conectividad y transporte sustentable.
El diputado Luis Felipe Castro Barrón abrió la ronda de preguntas acerca de los costos de operación y el destino del presupuesto. Martínez Acosta respondió que el 90 por ciento del gasto total de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes (SCT) se aplica a subsidios, principalmente para los programas Red Metro, Mi Pase y Transporte Gratuito para personas adultas mayores y con discapacidad.
Indicó que la Red Metro requiere un gasto anual aproximado de entre 165 y 168.5 millones de pesos, con un costo operativo diario de 7 mil 561.61 pesos por unidad, montos que se fondean del capítulo 6000 (inversión pública). La funcionaria defendió que el esquema es socialmente necesario, aunque la clasificación contable deja dudas referentes a su viabilidad a largo plazo y la falta de una partida específica para mantenimiento.
El diputado Marco Antonio Gama Basarte insistió en los retos de movilidad en la zona metropolitana. La secretaria mencionó que la ciudad colonial, el crecimiento urbano y el desarrollo industrial han provocado congestión crónica, sobre todo en la carretera 57.
También anunció la creación de un comité intergubernamental que integrará al Gobierno Federal, al estado y a los municipios de la zona conurbada para diseñar un proyecto integral de movilidad, con acciones como sincronización de semáforos y carriles de flujo continuo. Aunque el proyecto es un “acierto histórico”, no precisó metas ni calendario de aplicación.
La diputada Marta Patricia Aradillas Aradillas preguntó por los retos en la verificación del transporte público y la resistencia de los concesionarios, ante lo que la secretaria reconoció que aún persisten deficiencias en los controles, debido a la expansión de servicios no autorizados como el transporte de personal y las plataformas digitales.
Asimismo, informó que se han asegurado cerca de 129 unidades durante el año y que se aplican multas de entre 300 y 500 Unidades de Medida y Actualización, además de la presentación de querellas ante la Fiscalía General del Estado.
La funcionaria advirtió que el personal de inspección ha sido agredido en varios operativos, por lo que solicitó al Congreso del Estado apoyar exhortos a la Guardia Estatal y autoridades federales para reforzar la vigilancia y garantizar condiciones seguras durante las verificaciones.
En este punto, Martínez Acosta insistió en que el Congreso debe acompañar a la Secretaría en la emisión de exhortos a la Federación y a la Guardia Nacional, con el fin de armonizar la regulación y evitar la duplicidad de permisos entre autoridades estatales y federales.
Además, pidió que se legisle para sancionar a las empresas que contratan transporte sin autorización, y para establecer tarifas de referencia que prevengan la competencia desleal que ha precarizado al gremio transportista.
El diputado Carlos Artemio Arriola Mallol planteó la falta de claridad sobre la regulación del transporte de trabajadores y preguntó por los pendientes en torno a la llamada Ley Santi, derivada de la Ley General de Movilidad, por lo que la funcionaria respondió que la norma estatal ya faculta al gobierno potosino para regular esa modalidad, pero que persiste un problema de coordinación entre niveles de gobierno.
Propuso reforzar los mecanismos de control con la Federación y sancionar a las empresas que operan al margen de la ley. En cuanto a la Ley Santi, coincidió en que se debe avanzar hacia un marco normativo más amplio e incluyente, que no solo armonice la legislación federal, sino que atienda las realidades de San Luis Potosí.
Afirmó que el nuevo ordenamiento debe incorporar la movilidad de pueblos indígenas, mujeres, madres solteras, personas con discapacidad y trabajadores de bajos ingresos, por lo que la Secretaría ha conformado comités ciudadanos de movilidad en la Huasteca, en la zona tének, y el Altiplano, donde se registraron 266 comités activos, con la finalidad de elaborar una propuesta integral basada en las condiciones regionales.
La diputada Dulcelina Sánchez de Lira preguntó sobre la emisión de nuevas concesiones, a lo que la secretaria precisó que no se han otorgado más en 2025, aunque sí se renovaron permisos en las cuatro zonas del estado.
En este caso propuso una reforma legal que permita al Ejecutivo emitir autorizaciones directas en casos apremiantes, especialmente en comunidades rurales donde no existen rutas establecidas.
En su intervención, la diputada María Leticia Vázquez Hernández solicitó información respecto a las quejas ciudadanas; Martínez Acosta reportó mil 298 denuncias en el año, principalmente por manejo riesgoso, cobros indebidos y negativas de servicio, además de 60 mil mensajes recibidos por WhatsApp en atención ciudadana; se aplicaron sanciones que van desde la amonestación hasta la suspensión de licencia o el retiro de la unidad, aunque no dio las rutas ni los tiempos de respuesta o reincidencias.
En su balance general, Martínez Acosta destacó que el programa Mi Pase y el transporte gratuito para personas adultas mayores y con discapacidad continúan en operación, aunque presentó cifras distintas en relación con el número de beneficiarios —primero 2 mil 700 y luego más de 5 mil— sin aclarar si se trata de usuarios activos o acumulados.
En torno a la Red Metro, la secretaria informó que el sistema opera con 47 unidades y ha realizado más de 15 millones 850 mil viajes gratuitos. El gasto anual es de 168.5 millones de pesos, con recursos del capítulo de inversión pública, y defendió que el proyecto es sostenible gracias a la “eficiencia administrativa” del Ejecutivo estatal. Sin embargo, no presentó proyecciones de gasto ni indicadores de mantenimiento a mediano plazo.
En el tema ambiental, Martínez Acosta subrayó que San Luis Potosí se convirtió en el quinto estado del país con transporte eléctrico público, mediante 30 autobuses eléctricos en Ciudad Valles.
Las unidades tienen frecuencia promedio de 10 a 12 minutos en horas pico, y su operación genera beneficios ambientales que, según la secretaria, han contribuido a disminuir 60 mil toneladas de dióxido de carbono con la incorporación de unidades Euro 5 y eléctricas. El proyecto incluye la instalación de un centro de carga con paneles solares y baterías de recarga, y la apertura de una nueva ruta en la Riviera Huasteca el próximo año.
No obstante, no se presentaron metodologías ni indicadores verificables sobre reducción de emisiones, ahorro energético o costos por kilómetro recorrido.
Al cierre de la comparecencia, Martínez Acosta reconoció que persisten rezagos estructurales en movilidad, control y fiscalización, y pidió al Congreso impulsar reformas y exhortos que fortalezcan la vigilancia, garanticen sanciones más severas contra el transporte irregular y aseguren una movilidad digna y sustentable.
