Por Eduardo Delgado
La Comisión Estatal de Derechos Humanos (CEDH), como Poncio Pilatos, se lavó las manos en el caso de la queja presentada por “Mary Chuy” contra la titular del Instituto Estatal de las Mujeres (IMES), Erika Velázquez Gutiérrez, a la que la afectada acusó de discriminación.
María de Jesús Almendarez Prieto, trabajadora de Gobierno del Estado, fue víctima de abuso y hostigamiento sexual en la Secretaría de Desarrollo, Urbano, Vivienda y Obra Pública, y luego de ello fue reubicada en el IMES, donde fue segregada. En la actualidad labora en la Secretaría de Cultura.
Este martes el organismo protector de los derechos humanos le notificó, a través de escrito firmado por Jorge Andrés López Espinosa, quien funge como Primer Visitador General y además es candidato a presidir la CEDH, que su inconformidad contra la titular del IMES se dio por concluida, “por no existir materia para seguir conociendo del expediente de queja”.
La inconformidad de la víctima se originó porque el Instituto Estatal de la Mujer, encabezado por Erika Velázquez, se sometió a un proceso de certificación como organismo público exento de discriminación, y como parte de este les fue aplicada una encuesta a su personal excepto a “Marychuy”, quien por ende recurrió a la CEDH.
Con fundamento en el artículo 142 de ese organismo, “le notifico que en el expediente 1VQU-0593/16, que se inició con motivo de su inconformidad, se dictó un acuerdo de conclusión de expediente, por considerar surtida la causal a que hace referencia en artículo 105 fracción VI del Reglamento Interno de este Organismo Estatal”.
Norma en la cual se establece que los expedientes de queja podrán ser con concluidos, según la fracción referida, “por no existir materia para seguir conociendo del expediente de queja”.
Ello “al iniciarse el expedientillo de investigación 10/2017, ante la Contraloría General del Estado”, lo que implicaría que el órgano de control interno de Gobierno emprendió ya una indagatoria sobre ese asunto, en cuyo caso la afectada anticipa que Erika Velázquez quedaría impune.
El caso fue cerrado precisamente a un mes de la conclusión del periodo (de cuatro años) de Jorge Vega Arroyo al frente de la comisión.
