Leticia Vaca
Juana María Castillo Ortega, titular de la Fiscalía Especializada de Atención a la Mujer, la Familia y Delitos Sexuales, evidenció que, a raíz de la pandemia por COVID-19, aumentó en 20 por ciento el embarazo adolescente.
“¿De qué te está hablando?, de violaciones, y los más grave, si ya no salíamos y estábamos en el confinamiento, con mayor razón, se confirma y se ratifica que los agresores son los familiares; si ya lo sabíamos antes, que los papás, los padrastros, los primos, los hermanos, ahora se constata que esta violencia sexual ha sido impuesta por los propios familiares”, indicó.
En ese sentido, refirió que la norma 046, da la posibilidad de interrumpir el embarazo producto de la violación y “que no necesitas denunciar, esa es una vieja creencia, que necesitabas una autorizacion del Ministerio Público o de un juez para ir a realizar la interrupción del embarazo. Puedes ir directo a los servicios de salud o cualquier clínica, está obligada a dar trámite a la interrupción del embarazo”.
Además, agregó, las instituciones de salud están obligadas a informar a la Fiscalía cuando atienden el embarazo o el parto de una menor de edad.
Sin embargo, en cuanto a las denuncias por algún tipo de violencia en contra de las mujeres, aclaró, las cifras no se han elevado, “se mantienen, tenemos que seguir pensando en que, como no ha terminado el confinamiento, no han podido salir a denunciar; por ejemplo, en el tema de la violencia familiar, las mamás aprovechaban cuando iban a dejar a los niños a la escuela, como ahora ya no llevan los niños a la escuela, esto no ha sucedido”.
