En complicidad con Gabriel Alán Salazar Soto, presidente de Grupo Infinite 

Eduardo Delgado

La secretaria de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez, estaría implicada en el fraude imputado al presidente de Grupo Infinite, Gabriel Alan Salazar Soto, quien obtuvo tres millones 548 mil 188.28 pesos de esa dependencia, con factura expedida y cobrada el mismo día, de una empresa no inscrita en su padrón de proveedores.  

Es de conocimiento público que Gabriel Salazar es acusado de engañar a empresarios con el proyecto de edificación de un rascacielos de más de 100 metros de altura en la Zona Industrial, y de timar a cientos de inversionistas, locales y foráneos, a través de Invercorp Capital Financiero, la cual pertenece al Grupo Infinite, cuyo Consejo de Administración preside.

En agosto del año pasado, la dueña de la empresa Quickshine del Potosí, a través del despacho Corza & Asociados, encabezado por el abogado Tomás Ricardo Coronado Zárate, lo demandó por el delito de fraude ante la Fiscalía General del Estado (FGE). 

Además del cobro indebido de un poco más de 3.5 millones de pesos con una factura de su empresa, le imputó el incumplimiento del contrato de prestación de servicios contables y fiscales, que suscribió con el despacho Bunker Corporativo Legal y Fiscal,  otra empresa de Grupo Infinite

La afectada –cuya identidad se reserva a petición de su representante jurídico–, relató en la querella que el 14 de noviembre de 2016, Gabriel Salazar acudió y se presentó en las oficinas de su compañía como vicepresidente de Bunker Corporativo Legal y Fiscal, pues le dijo saber que tenía incumplidas obligaciones patronales en el Instituto Mexicano de Seguro Social (IMSS).

Sorprendida de cómo se enteró, le preguntó cómo lo sabía y él le respondió tener “muy buena relación” con directivos del Seguro, que además le gestionaría beneficios en el Sistema de Administración Tributaria (SAT), entre otras cosas. Persuadida, firmó contrato el 2 de diciembre de ese año.

Posteriormente, el 31 de marzo de 2017, Gabriel Salazar le llamó para decirle que “por un error” en su despacho expidieron una factura de su empresa a los Servicios de Salud, porque las compañías Quickshine del Potosí y Proshine, “se llaman muy parecido”. La segunda dedicada a brindar “servicios de limpieza profesional”, también del corporativo Grupo Infinite.

Por ende, Gabriel Salazar le pidió devolverle el dinero “en diferentes cantidades”, depositadas en cuentas bancarias de Cano y Asociados y Grupo Sasga. “No tuvimos inconveniente en regresárselo”, añadió.

Recientemente, el SAT le requirió a la propietaria de Quickshine del Potosí el pago de más de 44 millones de pesos por incumplir el pago de contribuciones durante los últimos tres años, lo que la motivó a proceder por la vía penal. 

En la siguiente foto aparecen, en círculos rojos, la titular los Servicios de Salud, Mónica Liliana Rangel Martínez y Gabriel Alan Salazar Soto.