Estela Ambriz Delgado
Dependencias federales aseguran que es falso que exista algún procedimiento para modificar el decreto de Área de Protección de Flora y Fauna (APFF) de la Sierra de San Miguelito, aunque reconocen que mantienen reuniones con el Gobierno del Estado para atender inconformidades de grupos sociales y privados, inherentes a los procesos de constitución del área.
La Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (Sedatu) y la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), a través de la Comisión Nacional de Áreas Naturales Protegidas (Conanp), emitieron un comunicado en respuesta a los señalamientos de intentos de modificar, debilitar o vulnerar el decreto del APFF, bajo argumentos vinculados a proyectos de crecimiento urbano-metropolitano e intereses inmobiliarios a través de Sedatu.
Aseguraron que es falso que exista procedimiento alguno orientado a modificar el decreto de 2021, que protege una superficie de 111 mil 160 hectáreas de la Sierra de San Miguelito, ni su Programa de Manejo.
Además de que la Sedatu no tiene facultades legales para modificar decretos de Áreas Naturales Protegidas y, por el contrario, reconoce plenamente el polígono establecido para el APFF dentro del Proyecto de Programa de Ordenación Metropolitana y Zona Conurbada de San Luis Potosí, conforme a la última versión del instrumento del 10 de agosto de 2025, aprobada mediante el proceso de consulta pública e indígena.
En el mismo tenor, el comunicado señala que esta dependencia no cabildea ni ejerce ningún tipo de presión a través de sus servidores públicos, tampoco promueve intereses particulares de grupos o empresas inmobiliarias.
El comunicado fue difundido luego de que el colectivo Guardianes de la Sierra de San Miguelito alertó sobre un proceso en el que, a través del Instituto Nacional de Suelo Sustentable (Insus), empresarios impulsan una regularización de tierras para obtener escrituras sobre miles de hectáreas dentro del ANP y su zona de influencia, con aval de autoridades estatales en un programa metropolitano que abarca siete municipios.
Por su parte, la Conanp reitera que no existe fundamento jurídico, ambiental ni administrativo que justifique modificar dicho decreto y el Programa de Manejo, toda vez que ambos instrumentos fueron emitidos conforme a la legislación ambiental aplicable y sustentados en estudios técnicos, procesos de participación social y análisis de viabilidad ambiental y territorial.
Además, reafirma que cualquier instrumento de planeación territorial o actuación administrativa vinculada con la Sierra de San Miguelito deberá respetar el polígono del APFF.
No obstante, para concluir el comunicado reconocen que estas dependencias y el Gobierno del Estado, mantienen reuniones de trabajo para atender las diversas inconformidades de grupos sociales y privados, que surgen de forma inherente a los procesos de constitución de cualquier ANP, así como a los procesos de planeación y ordenamiento del territorio.
